LA UNIVERSIDAD Y SU CONTRIBUCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LATINOAMÉRICA

La universidad en el siglo XXI.
Para una reforma democrática
y emancipadora de la universidad
Boaventura de Sousa Santos*
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I
Introducción
Hace precisamente diez años que publiqué un texto sobre la universidad,
sobre sus crisis y sus desafíos correspondientes al final del siglo XX. El texto
se titulaba “De la idea de la Universidad a la Universidad de las ideas” y fue
publicado como parte de mi libro De la mano de Alicia: lo social y lo político en
la pos-modernida. En ese texto identificaba las tres crisis a las que se enfrentaba
la universidad. La primera fue la crisis de la hegemonía, resultante de
las contradicciones entre las funciones tradicionales de la universidad y las
que le fueron atribuidas a todo lo largo del Siglo XX; por un lado, la producción
de la alta cultura, el pensamiento crítico y los conocimientos ejemplares,
científicos y humanistas, necesarios para la formación de las élites
de las que se venía ocupando la universidad desde la edad media europea.
La universidad en el siglo XXI.
Para una reforma democrática
y emancipadora de la universidad
Boaventura de Sousa Santos*
* Sociólogo portugués. Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra
(Portugal) y profesor de la Wisconsin-Madison University. El artículo es una versión resumida
del libro que lleva el mismo título publicado por el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Coordinación de Humanidades, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2005. Su publicación en “Umbrales” fue autorizada
por el autor.
UMBRALES
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Por otro lado, la producción de patrones culturales medios y conocimientos
instrumentales, útiles para la formación de una mano de obra calificada
exigida por el desarrollo capitalista. La incapacidad de la universidad para
desempeñar cabalmente funciones contradictorias llevó al Estado y a los
agentes económicos a buscar fuera de la universidad medios alternativos
para lograr esos objetivos. Al dejar de ser la única institución en el campo
de la educación superior y en la producción de la investigación, la universidad
entró en una crisis de hegemonía. La segunda fue la crisis de legitimidad,
provocada por el hecho de haber dejado de ser la universidad una institución
consensual, frente a la contradicción entre la jerarquización de los saberes
especializados de un lado, a través de las restricciones del acceso y certificación
de las competencias, y de otro lado, por las exigencias sociales y políticas
de la democratización de la universidad y la reivindicación de la igualdad
de oportunidades para los hijos de las clases populares. Finalmente la
tercera fue la crisis institucional, resultado de la contradicción entre la reivindicación
de la autonomía en la definición de valores y objetivos de la
universidad y la presión creciente para someterla a criterios de la eficiencia
y la productividad de naturaleza empresarial o de responsabilidad social.
A pesar de que las tres crisis estaban íntimamente ligadas entre ellas y
que sólo podían enfrentarse de manera conjunta a través de amplios programas
de acción dentro y fuera de la universidad, preveía (y temía) que la crisis
institucional llevaría a monopolizar la atención y a los propios reformistas.
Así sucedió. Preveía también que la concentración en la crisis institucional
podría llevar a la falsa resolución de las otras dos crisis, mediante una resolución
por la vía negativa: la crisis de hegemonía, por la creciente
descaracterización intelectual de la universidad; la crisis de legitimidad, por
la creciente segmentación del sistema universitario y por la creciente desvalorización
de los diplomas universitarios. En general, así sucedió también.
Es necesario entonces investigar el por qué de todo esto.
La concentración en la crisis institucional fue fatal para la universidad
y esto se debió a una pluralidad de factores, algunos ya evidentes en el
inicio de la década de los noventa, y otros que ganaron mucho peso en el
transcurso de la misma década. La crisis institucional era y es, desde hace
por lo menos dos siglos, el eslabón más débil de la universidad pública,
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porque la autonomía científica y pedagógica de la universidad se asienta en
la dependencia financiera del Estado. Esta dependencia no fue problemática
mientras que la universidad y sus servicios fueron entendidos inequívocamente
como un bien público que, por lo tanto, correspondía al Estado
asegurar. De manera semejante a lo que pasa con el sistema judicial, donde
la independencia de los tribunales no es puesta en discusión por el hecho
de ser financiados por el Estado. Sin embargo, al contrario de lo que sucede
con la Justicia, el Estado decidió reducir su compromiso político con las
universidades y con la educación en general, convirtiendo a ésta en un bien,
que siendo público, no tiene que estar asegurado por el Estado, por lo que
la universidad pública entró automáticamente en crisis institucional.
La pérdida de prioridad de la universidad pública en las políticas del
Estado fue, ante todo, el resultado de la pérdida general de prioridad de las
políticas sociales (educación, salud, seguridad social) inducida por el modelo
de desarrollo económico conocido como neoliberalismo o globalización
neoliberal, que se impuso internacionalmente a partir de la década de los
80. En la universidad pública esto significó, que las debilidades institucionales
antes identificadas –que no eran pocas– en vez de servir para
un amplio programa político pedagógico de reforma de la universidad pública,
fueron declaradas insuperables y utilizadas para justificar la apertura
generalizada del bien público universitario para la explotación comercial.
A pesar de las declaraciones políticas contrarias y de algunos gestos
reformistas, subyace a este primer embate del neoliberalismo la idea de que
la universidad pública es irreformable (así como lo es el Estado) y que la
verdadera alternativa está en la creación del mercado universitario.
La opción fue entonces la mercantilización de la universidad. En este
proceso identifico dos fases. En la primera, que va del inicio de la década de
1980 hasta mediados de la década de 1990, se expande y se consolida el
mercado nacional universitario. En la segunda, al lado del mercado nacional,
emerge con gran fuerza el mercado transnacional de la educación superior
y universitaria, el que a partir del final de la década es transformado en
solución global de los problemas de la educación por parte del Banco Mundial
y de la Organización Mundial del Comercio. O sea, que está en curso
la globalización neoliberal de la universidad.
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Los dos procesos que marcan la década –la disminución de la inversión
del Estado en la universidad pública y la globalización mercantil de la universidad–
son las dos caras de la misma moneda. Son los dos pilares de un
amplio proyecto global de política universitaria destinado a transformar
profundamente el modo como el bien público de la universidad se convirtió
en un amplio campo de valorización del capitalismo educativo. Este proyecto,
que es de mediano y largo plazo, incluye diferentes niveles y formas
de mercantilización de la universidad. Sobre las formas me referiré más
adelante. En cuanto a los niveles, es posible distinguir dos. El primer nivel
de mercantilización consiste en inducir a la universidad pública a sobreponerse
a la crisis financiera mediante la generación de ingresos propios, especialmente
a través de alianzas con el capital, sobre todo industrial. En
este nivel, la universidad pública mantiene su autonomía y su especificidad
institucional, privatizando parte de los servicios que presta. El segundo
nivel consiste en eliminar paulatinamente la distinción entre universidad
pública y privada, trasformando la universidad, en su conjunto, en una
empresa, una entidad que no produce solamente para el mercado sino que
produce en sí misma como mercado, como mercado de gestión universitaria,
de planes de estudio, de diplomas, de formación de docentes, de evaluación
de docentes y estudiantes. Saber si este nivel fue ya conquistado es
una cuestión de retórica en cuanto a su efecto sobre la universidad como
bien público.
Veamos cada uno de los pilares de este vasto proyecto político educativo
en curso.
La descapitalización de la universidad pública
La crisis de la universidad pública por vía de la descapitalización es un
fenómeno global, aunque sean significativamente diferentes sus consecuencias
en el centro, en la periferia o en la semiperiferia del sistema global.
En la periferia, donde la búsqueda de ingresos alternativos en el mercado
o fuera de él es virtualmente imposible, la crisis logra proporciones
catastróficas. Obviamente que los males venían de atrás, pero se agravaron
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mucho más en la última década con la crisis financiera del Estado y los
programas de ajuste estructural. Un documento de la Unesco de 1997 acerca
de la mayoría de las universidades en África, relataba un cuadro dramático
de carencias de todo tipo: colapso de las infraestructuras, ausencia casi total
de equipamiento, personal docente míseramente remunerado, y por eso,
desmotivado y propenso a la corrupción, poca o nula inversión en investigación.
El Banco Mundial diagnosticó de modo semejante la situación y la
declaró irremediable. Incapaz de incluir en sus cálculos la importancia de
la universidad en la construcción de los proyectos de país y en la creación
de pensamiento crítico y de largo plazo, el Banco entendió que las universidades
africanas no generaban suficiente “retorno”. Consecuentemente,
le impuso a los países africanos que dejaran de invertir en la universidad,
concentrando sus pocos recursos en la educación primaria y secundaria, y
permitiendo que el mercado global de educación superior le resolviera el
problema de la universidad. Esta decisión tuvo un efecto devastador en las
universidades de los países africanos.
El caso de Brasil es representativo del intento de aplicar la misma lógica
en la semiperiferia y por ser bastante conocido me disculpo de no describirlo.
Basta mencionar el estudio del Banco Mundial de 2002, en donde
se asume que no se van a (es decir, que no deben) aumentar los recursos
públicos para la universidad y que por eso la solución está en la ampliación
del mercado universitario, combinado con la reducción de costos por estudiantes
(que sirve entre otras cosas, para mantener la presión sobre los
salarios de los docentes) y con la eliminación de la gratuidad de la educación
pública.
Se trata de un proceso global y es esa la escala en que debe ser analizado.
El desarrollo de la educación universitaria en los países centrales, durante
los 30 o 40 años posteriores a la segunda guerra mundial, se apoyó por un
lado en las conquistas de la lucha social por el derecho a la educación,
manifiestas en la democratización del acceso a la universidad, y por otro
lado, en los imperativos de la economía que exigía una mayor calificación de
la mano de obra en los sectores clave de la industria. La situación se alteró
significativamente a partir de mediados de la década de los 70 con la crisis
económica que se instaló. A partir de entonces se generó una contradicción
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entre la reducción de la inversión pública en la educación superior y la
intensificación de la competencia entre empresas, presente en la búsqueda
de innovación tecnológica y por lo tanto, en el conocimiento técnico-científico
que la hacía posible, y en la necesidad de formación de una mano de
obra altamente calificada.
En lo que respecta a las exigencias de mano de obra calificada, la década
de 1990 reveló otra contradicción: por un lado, el crecimiento de la
mano de obra calificada ligada a la economía basada en el conocimiento y
por otro lado, al crecimiento explosivo de un empleo con bajísimo nivel de
calificación. La globalización neoliberal de la economía profundizó la segmentación
o la dualidad de los mercados de trabajo entre países y al interior
de cada país. Por otro lado, permitió que tanto el pool de mano de obra
calificada como el pool de mano de obra no calificada pudiesen ser reclutados
globalmente, la primera, predominantemente a través de la fuga de cerebros
(brain drain) y de la subcontratación (outsourcing) de servicios técnicamente
avanzados; la segunda predominantemente a través de la deslocalización
de las empresas y también a través de la inmigración muchas
veces clandestina. La disponibilidad global de mano de obra calificada hizo
que la inversión de los países centrales en la universidad pública bajara de
prioridad y se volviera más selectiva en función de las necesidades del mercado.
En este campo emergió otra contradicción entre la rigidez de la formación
universitaria y la volatilidad de las calificaciones exigidas por el
mercado. Esta contradicción fue transformada mediante la creación de sistemas
no universitarios por módulos; y por la presión para acortar los períodos
de formación no universitaria y volver así la formación más flexible
y transversal; y finalmente, mediante la educación permanente. A pesar de
las soluciones ad hoc, estas contradicciones continuaron agudizándose enormemente
en la década de los 90 con un impacto desconcertante en la educación
superior; la universidad, de creadora de condiciones para la competencia
y para el éxito en el mercado, se transformó por sí misma gradualmente en
un objeto de competencia, es decir, en un mercado.
Este traspaso del límite en la presión productivista desvirtúa la universidad,
llegando inclusive a vaciar sus objetivos más inmediatos de cualquier
preocupación humanista o cultural. Es el caso de la educación permanente
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que se ha reducido a la educación para el mercado permanente. Del mismo
modo, la mayor autonomía que fue concedida a las universidades no tuvo
como objetivo preservar la libertad académica, sino crear condiciones para
que las universidades se adaptaran a las exigencias de la economía.1
En el mismo proceso, con la transformación de la universidad en un
servicio al que se tiene acceso, no por vía de la ciudadanía sino por vía del
consumo, y por lo tanto mediante el pago, el derecho a la educación sufrió
una erosión radical. La eliminación de la gratuidad de la educación universitaria
y la sustitución de becas de estudio por préstamos fueron los instrumentos
de la transformación de los estudiantes, de ciudadanos a consumidores.
2 Todo esto en nombre de la ideología de la educación centrada en el
individuo y en la autonomía individual. En Australia, desde 1989 los estudiantes
universitarios financian un cuarto de los gastos anuales con su formación,
y en 1998 Inglaterra sustituyó el sistema de becas de estudio por el
de préstamos. El objetivo es poner fin a la democratización del acceso a la
universidad y al efecto de masificación que ella provocaba. A su vez, en
algunos países centrales las alteraciones demográficas de los últimos treinta
años han contribuido también al ablandamiento de la presión democrática
para el acceso a la universidad.3 En Europa domina hoy la idea de que
entramos ya en un período de postmasificación, una idea con la cual también
se pretende legitimar la mercantilización. En algunos países europeos
menos desarrollados, la presión por el acceso continúa, pero es, de algún
modo, reducida por los bloqueos al ingreso a la universidad, especialmente
en la educación media. Este es el caso de Portugal donde la tasa de abandono
de educación media es una de las más altas de Europa.
1 Como nada sucede según determinaciones férreas, las universidades públicas podían ver en
este proceso una oportunidad para liberarse del endurecimiento administrativo en el que se
encontraban (y se encuentran) pero no lo hicieron por estar marcadas por el corporativismo
inmovilizante que se aprovecha de la hostilidad del Estado para no hacer lo que sin ella
tampoco haría.
2 Una cuestión distinta es saber cual es la calidad de ciudadanía cuando sólo los hijos de las
clases altas tienen el privilegio de acceder a la educación gratuita como ha sido en el caso de
Brasil.
3 El caso de Brasil es emblemático de la presión opuesta.
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La transnacionalización del mercado universitario
El otro pilar del proyecto neoliberal para la universidad es la transnacionalización
del mercado de servicios universitarios. Como dije, este proyecto
está articulado con la reducción del financiamiento público pero no
se reduce a él. Otros factores igualmente decisivos son: la desregulación de
intercambios comerciales en general, la defensa cuando no la imposición
de la solución mercantil por parte de los agentes financieros multilaterales;
y la revolución en las tecnologías de información y comunicación especialmente
el enorme incremento de la Internet con un alarmante porcentaje
de concentración de los flujos electrónicos en el Norte.
Por tratarse de un desarrollo global, alcanza a la universidad como un
bien público tanto en el Norte como en el Sur, pero con consecuencias
muy diversas.4 Por esta razón, las desigualdades entre universidades del
Norte y universidades del Sur se agravan enormemente.
Las inversiones mundiales en educación ascienden a 2 billones de dólares,
más del doble del mercado mundial del automóvil. Es por esto que es
un área atractiva y de gran potencial para un capital ávido de nuevas áreas
de valorización. Desde el inicio de la década de 1990, los analistas financieros
han llamado la atención sobre el potencial que tiene la educación para
transformarse en uno de los más vibrantes mercados del siglo XXI. Los
analistas de la empresa de servicios financieros Merril Lynch consideran
que el sector de la educación tiene hoy características semejantes a las que
tenía la salud en los años 1970: un mercado gigantesco, muy fragmentado,
poco productivo, de bajo nivel tecnológico pero con una gran necesidad de
tecnología, con un gran déficit de gestión profesional y una tasa de capitalización
muy baja.
Las ideas que presiden la expansión futura del mercado educativo son
las siguientes:
4 Entiendo por Norte en este texto a los países centrales o desarrollados, así se encuentren en
el Norte geográfico o en el Sur geográfico como sucede con Australia y Nueva Zelanda.
Por contraposición, el Sur es el conjunto de los países periféricos y semiperiféricos.
21
1. Vivimos en una sociedad de la información.5 La gestión, la calidad y la
velocidad de la información son esenciales para la competitividad económica.
Dependientes de la mano de obra más calificada, las tecnologías
de información y comunicación tienen características que no sólo
contribuyen para el aumento de la productividad, sino que son también
incubadoras de nuevos servicios donde la educación asume un lugar
destacado.
2. La economía basada en el conocimiento exige, cada vez más, capital
humano como condición de creatividad en el uso de la información,
aumento de la eficiencia en la economía de servicios e inclusive como
condición para la empleabilidad; cuanto más elevado sea el capital
humano, mayor es su capacidad para transferir capacidades cognitivas
y aptitudes en los constantes procesos de reciclaje a los que obliga la
nueva economía.
3. Para sobrevivir, las universidades tienen que estar al servicio de estas
dos ideas maestras –sociedad de la información y economía basada en
el conocimiento– y por eso tienen que ser ellas mismas transformadas
a través de la tecnología de la información y de la comunicación y de
los nuevos tipos de gestión y de relación entre los trabajadores del
conocimiento y entre estos y los usuarios o consumidores.
4. Nada de esto es posible en la permanencia del paradigma institucional
político y pedagógico que domina a las universidades públicas. Este paradigma
no permite: que las relaciones entre los públicos relevantes sean
relaciones mercantiles; que la eficiencia, la calidad y la responsabilidad
educativa sean definidas en términos de mercado; que se generalice en
las relaciones profesor-alumno la mediación tecnológica (presente en la
producción y consumo de objetos materiales e inmateriales); que la universidad
se abra (y se torne vulnerable) a las presiones de los clientes;
que la competencia entre “los operarios de la enseñanza” sea el estímulo
5 Como es fácil apreciar, todas estas ideas traducen el mundo a la luz de la realidad de los
países centrales. Por ejemplo, la fractura digital entre el Norte y el Sur muestra que el
modo como vive la gran mayoría de la población mundial, no tiene nada que ver con la
sociedad de la información.
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para la flexibilidad, la adaptabilidad a las expectativas de los empleadores,
y la selectividad en la búsqueda de los nichos de consumo (léase reclutamiento
de estudiantes) con más alto retorno para el capital invertido.
5. Frente a esto, el actual paradigma institucional de la universidad ha
sido sustituido por un paradigma empresarial al que deben estar sujetas
tanto las universidades públicas como las privadas, y el mercado educativo
en el que estas deben intervenir debe ser diseñado globalmente
para poder maximizar su rentabilidad. El beneficio (concesión, privilegio)
dado a las universidades privadas se traduce en una más fácil
adaptación de ellas a las nuevas condiciones e imperativos.
Son estas las ideas que orientan la reforma de la educación propuesta
por el Banco Mundial y más recientemente la idea de reconversión de este
en banco del conocimiento.6 Son ellas también las que estructuran el Acuerdo
General sobre Comercio de Servicios (GATS) en el área de la educación,
actualmente en negociación en la Organización Mundial del Comercio, a
lo que haré mención más adelante. La posición del Banco Mundial en el
área de la educación es tal vez de las más ideológicas que éste ha asumido
en la última década (y no han sido pocas) porque tratándose de un área
donde todavía dominan interacciones no mercantiles, la embestida no puede
basarse en un mero lenguaje técnico como el que impone el ajuste estructural.
La inculcación ideológica se sirve de análisis sistemáticamente
sesgados contra la educación pública para demostrar que la educación es
potencialmente una mercancía como cualquiera otra y que su conversión
en mercancía educativa explica la doble constatación de superioridad del
capitalismo en cuanto organizador de las relaciones sociales y de la superioridad
de los principios de la economía neoliberal para maximizar las potencialidades
del capitalismo a través de la privatización, desregulación,
mercantilización y globalización.
6 Muchas de estas ideas no son originarias de los think tanks del Banco Mundial. La importancia
que el Banco asume en este campo en los países periféricos y semiperiféricos reside
en el modo como sintetiza estas ideas y las transforma en condicionamientos de ayuda para
el “desarrollo”. Ver también Mehta, 2001.
23
El celo reformista del Banco dispara en todas las direcciones donde
identifica las deficiencias de la universidad pública y, en ellas, uno de los
principales objetivos es la posición de poder de los docentes. La libertad
académica es vista como un obstáculo a la empresarialización de la universidad
y a la responsabilidad de la universidad ante las empresas que pretenden
sus servicios. El poder de una universidad debe descentrarse de los
docentes para dirigirse a los administradores entrenados para promover
alianzas con agentes privados. El Banco Mundial prevé que el poder de los
docentes y la centralidad del salón de clases declinarán inexorablemente a
medida que se vaya generalizando el uso de las tecnologías pedagógicas on
line. En concordancia con esto, los países periféricos y semiperiféricos pueden
contar con la ayuda financiera del Banco, dirigida prioritariamente a la
promoción de la educación superior privada, reducción del financiamiento
al sector público y creación de marcos legales que faciliten la expansión de
la educación superior privada como complemento esencial de la educación
superior pública.7
La transformación de la educación superior en una mercancía educativa
es un objetivo de largo plazo y ese horizonte es esencial para entender la
intensificación de la transnacionalización de ese mercado, actualmente en
curso. Desde el año 2000, la transnacionalización neoliberal de la universidad
ocurre bajo la égida de la Organización Mundial del Comercio en el
ámbito del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS).8 La
educación es uno de los doce servicios comprendidos en este acuerdo y el
objetivo de este es promover la liberalización del comercio de servicios a
7 En el Brasil, en el Gobierno de Fernando Enrique Cardoso, el Ministerio de Educación a
través del Programa de Recuperación y Ampliación de los Medios Físicos de las Instituciones
de Educación Superior en alianza con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDES) abrió una línea de financiamiento de cerca de 750 millones de reales para
instituciones de educación superior, con recursos procedentes de un préstamo del Banco
Mundial. Estos recursos fueron canalizados en gran parte para las universidades privadas.
Desde 1999, el BNDES prestó 310 millones de reales a las universidades privadas y apenas
33 millones a las universidades públicas (universianet.com e información personal de Paulino
Motter).
8 Sobre el GATS ver por ejemplo Knight, 2003.
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través de la eliminación, progresiva y sistemática, de las barreras comerciales.
El GATS se transformó en poco tiempo en uno de los temas más polémicos
de la educación superior, comprometiendo políticos, universitarios y empresarios.
Sus defensores ven en él la oportunidad para ampliar y diversificar la
oferta de educación y los modos de transmitirla de tal forma que se hace
posible combinar ganancia económica con mayor acceso a la universidad.
Esta oportunidad se basa en las siguientes condiciones: fuerte crecimiento
del mercado educativo en los últimos años; un crecimiento apenas obstaculizado
por las barreras nacionales; difusión de medios electrónicos de enseñanza
y aprendizaje; necesidades de mano de obra calificada que no son aún
satisfechas; aumento de movilidad de estudiantes, docentes y programas; incapacidad
financiera de los gobiernos para satisfacer la creciente demanda de
educación superior. Este es el potencial del mercado que el GATS planea
realizar mediante la eliminación de las barreras al comercio en esta área.
No voy a entrar en estos detalles de aplicación del GATS, aplicación
que está sujeta a tres principios: la nación más favorecida, tratamiento nacional
y acceso al mercado; de ser aplicados, especialmente el segundo,
significaría el fin de la educación como un bien público.9 Es cierto que
están previstas excepciones que son posibles negociaciones y que la liberación
del comercio educativo será progresiva. Pero el proceso está ya en
curso y es imparable. Como es sabido, en esta área así como ha sucedido en
otras, los países periféricos y semiperiféricos serán fuertemente presionados
para que asuman compromisos en el ámbito de este acuerdo y muchos
de ellos serán forzados a través de los programas de ajuste estructural y
otros afines, impuestos por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario
Internacional y por los países acreedores o donantes.
Será entonces importante ver la manera cómo los países están reaccionando
con el GATS. Datos recientes muestran que la mayoría de los países
9 En el momento en que los Estados Unidos tuvieran que garantizar la libertad de acceso al
mercado universitario en calidad de igualdad para los inversionistas extranjeros y nacionales,
todos los condicionamientos políticos definidos por la idea del bien público nacional
serían vulnerables, especialmente por parte de los inversionistas extranjeros que verían en
ellos, obstáculos para el libre comercio internacional.
25
no han asumido todavía compromisos en el área de educación superior.
Cuatro de los países más periféricos del mundo (Congo, Lesoto, Jamaica y
Sierra Leona) asumieron compromisos incondicionales. Imposibilitados de
desarrollar por sí solos la educación superior, le entregan esa tarea a los
proveedores extranjeros. Los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia
son los más entusiasmados con los beneficios del GATS por razones totalmente
opuestas a las anteriores, pues son los países más exportadores de
mercancías universitarias y como tal son los que tienen más para ganar con
la eliminación de las barreras comerciales de este mercado educativo internacional.
Del conocimiento universitario al conocimiento
pluriuniversitario
El conocimiento universitario –o sea el conocimiento científico producido
en las universidades o instituciones separadas de las universidades pero que
comparten el mismo ethos universitario– fue a lo largo del siglo XX un conocimiento
predominantemente disciplinar, cuya autonomía impuso un
proceso de producción relativamente descontextualizado con relación a las
necesidades del mundo cotidiano de las sociedades. Según la lógica de este
proceso, son los investigadores quienes determinan los problemas científicos
que deben resolverse, definen las relevancias y establecen las metodologías
y los ritmos de investigación. Es un conocimiento homogéneo y
organizativamente jerárquico en la medida en que los agentes que participan
en su producción comparten los mismos objetivos de producción de
conocimiento, tienen la misma formación, la misma cultura científica y lo
hacen según jerarquías organizacionales bien definidas. Es un conocimiento
presente en la distinción entre investigación científica y desarrollo tecnológico
y la autonomía del investigador se traduce en una cierta irresponsabilidad
social frente a los resultados de la aplicación del conocimiento. En la
lógica de este proceso de producción de conocimiento universitario la distinción
entre conocimiento científico y otros conocimientos es absoluta, tal
como lo es la relación entre ciencia y sociedad. La universidad produce
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conocimiento que la sociedad aplica o no, por más que sea socialmente
relevante, es indiferente o irrelevante para el conocimiento producido.
La organización universitaria y el ethos universitario fueron moldeados
en este modelo de conocimiento. A lo largo de la última década se
dieron alteraciones que desestabilizaron este modelo de conocimiento y
condujeron al surgimiento de otro modelo. Llamo a esta transición como
el paso del conocimiento universitario hacia el conocimiento pluriunivesitario.
10
Al contrario del conocimiento universitario descrito en el párrafo anterior,
el conocimiento pluriunivesitario es un conocimiento contextual en
la medida en que el principio organizador de su producción es la aplicación
que se le puede dar. Como esa aplicación ocurre extramuros, la iniciativa
de la formulación de los problemas que se pretenden resolver y la determinación
de los criterios de relevancia de estos son el resultado de un acuerdo
entre investigadores y usuarios. Es un conocimiento transdisciplinar que
por su propia contextualización obliga a un diálogo o confrontación con
otros tipos de conocimiento, lo que lo convierte internamente en más heterogéneo
y más adecuado para ser producido en sistemas abiertos menos
perennes y de organización menos rígida y jerárquica. Todas las distinciones
en las que se apoya el conocimiento universitario son cuestionadas por
el conocimiento pluriuniversitario y en el fondo es la propia relación entre
ciencia y sociedad la que está cuestionada. La sociedad deja de ser un objeto
de las interpelaciones de la ciencia, para ser ella misma sujeto de
interpelaciones a la ciencia.
Esta contraposición entre estos dos modelos de conocimiento contiene
la exageración propia de los tipos o modelos ideales; en la realidad, los
conocimientos producidos ocupan lugares diferentes a lo largo del continuum
entre los dos polos extremos, algunos más cercanos al modelo universitario
y otros más próximos al modelo pluriuniversitario. Esta heterogeneidad no
solamente desestabiliza la especificidad institucional actual de la universi-
10 Michael Gibbons y otros (1994) llamaron a esta transición como el paso de un conocimiento
de modo 1 hacia un conocimiento de modo 2.
27
dad sino que interpela también la hegemonía y la legitimidad de esta, en la
medida en que la obliga a evaluarse por criterios discrepantes entre sí.11
El conocimiento pluriuniversitario ha tenido su concretización más
consistente en las alianzas universidad-industria, y por lo tanto, bajo la forma
de conocimiento mercantil. Especialmente en los países centrales y
semiperiféricos el contexto de aplicación ha sido también no mercantil,
dándose en el ámbito cooperativo y solidario, a través de alianzas entre
investigadores y sindicatos, organizaciones no gubernamentales, movimientos
sociales, grupos sociales especialmente vulnerables (inmigrantes ilegales,
desempleados, pacientes crónicos, ancianos, portadores de sida, etc.),
comunidades populares, grupos de ciudadanos críticos y activos. Es un
amplio conjunto de usuarios que va desarrollando una nueva y más intensa
relación con la ciencia y la tecnología y por eso exige una mayor participación
en su producción y en la evaluación de sus impactos. En los países
pluri-étnicos y multinacionales, el conocimiento pluriuniversitario está
emergiendo del interior de la propia universidad cuando estudiantes de
grupos minoritarios (étnicos u otros) entran en la universidad y verifican
que su inclusión es una forma de exclusión: se enfrentan con la tábula rasa
que está hecha a partir de sus culturas y de los conocimientos propios de las
comunidades de donde son originarios. Todo eso obliga al conocimiento
científico a confrontarse con otros conocimientos y exige un nivel de responsabilidad
social más elevado a las instituciones que lo producen y por lo
tanto, también a las universidades. A medida que la ciencia se inserta más
en la sociedad, esta se inserta más en la ciencia. La universidad fue creada
siguiendo un modelo de relaciones unilaterales con la sociedad y es ese
modelo el que subyace en su actual institucionalidad. El conocimiento
pluriuniversitario sustituyó la unilateralidad por la interactividad, una
11 Como resulta claro en el texto, el paso del conocimiento universitario al conocimiento
pluriuniversitario ha ocurrido en los países centrales y más selectivamente en los países
periféricos. Pero no excluyo que algunas universidades de los países periféricos hayan producido
su propia versión del conocimiento pluriuniversitario antes de haberse transformado
como modelo que sigue al conocimiento universitario.
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interactividad enormemente potenciada por la revolución en las tecnologías
de la información y la comunicación.
A la luz de estas transformaciones, podemos concluir que la universidad
ha sido enfrentada a exigencias contrapuestas pero con un efecto convergente
que desestabiliza su institucionalidad actual. Por un lado, la presión
hiper-privatizadora de la mercantilización del conocimiento de las
empresas concebidas como consumidoras, usuarias y al mismo tiempo como
co-productoras del conocimiento científico; una presión que lleva a reducir
la responsabilidad social de la universidad y su capacidad de producir
conocimiento económicamente útil, es decir, comercializable. Por otro lado,
una presión hiper-pública social difusa que despedaza el espacio público de
la universidad en nombre de un espacio público más amplio atravesado por
confrontaciones más heterogéneas y por concepciones de responsabilidad
social más exigentes.12 Esta contraposición, entre una presión hiper-privada
y una presión hiper-pública, no solamente ha llevado a desestabilizar la
institucionalidad de la universidad, sino que ha creado también una profunda
fractura en la identidad social y cultural de ésta; una fractura traducida
en desorientación y táctica, reflejada sobre todo en una cierta parálisis
disfrazada de actitud defensiva resistente al cambio en nombre de la autonomía
universitaria y de la libertad académica. La inestabilidad causada
por el impacto de estas presiones contrapuestas crea un impasse donde se
torna evidente que las exigencias de mayores cambios van frecuentemente
acompañadas de mayores resistencias al cambio.
¿El fin del proyecto de nación?
El tránsito del conocimiento universitario al conocimiento pluriuniversitario
es, por tanto, un proceso mucho más amplio que la mercantilización de la
universidad y del conocimiento producido por ella. Es un proceso más visi-
12 En este campo, se debe tener en cuenta el papel decisivo de los medios de comunicación.
Sin embargo, las relaciones entre la universidad y los medios merecen una reflexión detallada,
que no es tratada en este texto.
29
ble hoy en los países centrales aunque esté presente también en los
semiperiféricos. En ambos, ha tenido lugar a lo largo de las dos últimas décadas,
otra transformación altamente desestabilizadora para la universidad, una
transformación que, estando relacionada con la globalización neoliberal, no
tiene dimensiones económicas ni se reduce sólo a la mercantilización de la
universidad. Es por el contrario, una transformación eminentemente política.
En estos países, la universidad pública –y el sistema educativo en su conjunto–
estuvo siempre ligada a la construcción del proyecto de nación, un
proyecto nacional casi siempre elitista que la universidad debía formar. Se
trataba de concebir proyectos nacionales de desarrollo o de modernización
protagonizados por el Estado que buscaban crear o profundizar la coherencia
y la cohesión del país como espacio económico, social y cultural; un territorio
geopolíticamente bien definido –para el que fue frecuentemente necesario
emprender guerras de delimitación de fronteras– dotado de un sistema político
considerado adecuado para promover la lealtad de los ciudadanos con el
Estado y la solidaridad entre los ciudadanos en tanto nacionales del mismo
país; una nación donde se busca vivir en paz, pero también en nombre de la
cual se puede morir. Los estudios humanísticos, las ciencias sociales y muchas
veces también las ciencias naturales fueron orientados para dar consistencia al
proyecto nacional, crear el conocimiento y formar los cuadros necesarios para
su concretización. En los mejores momentos, la libertad académica y al autonomía
universitaria fueron parte integrante de tales proyectos, aunque los criticaran
severamente. Este compromiso fue tan profundo que en muchos casos
se transformó en una segunda naturaleza de la universidad, a tal punto que
cuestionar el proyecto político nacional llevó consigo a cuestionar la universidad
pública. La defensa reactiva ha dominado a la universidad, especialmente
como respuesta a las crisis financieras, pero parece estar concluyendo la capacidad
reflexiva y crítica que debe tener la universidad, ella tiene ya una lucidez
que solamente sorprende a los incautos, porque dejó de haber proyecto nacional
y sin él no habrá universidad pública.13
13 Otro asunto bien distinto es saber hasta qué punto la universidad no perdió en sí misma la
capacidad para definir un proyecto de nación porque está ahora reducida a identificar su
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
UMBRALES
30
Efectivamente en los últimos 20 años, la globalización neoliberal lanzó
un ataque devastador a la idea de proyecto nacional, concebido por ella
como el gran obstáculo a la expansión del capitalismo global. Para el capitalismo
neoliberal, el proyecto nacional legitima lógicas de producción y
de reproducción nacional que tienen como referencia espacios nacionales,
no solamente heterogéneos entre sí, sino celosos de esa misma heterogeneidad.
La manifestación de esas lógicas aumenta a esa entidad política con
poder sobre el territorio como lo es el Estado nacional, cuya sumisión a las
imposiciones económicas es en principio problemática, en función de sus
propios intereses y del capitalismo nacional del que es políticamente dependiente.
El ataque neoliberal tuvo por objetivo primordial al Estado nacional y
específicamente a las políticas económicas y sociales en las que la educación
venía ganando peso. En el caso de la universidad pública, los efectos
de este ataque no se limitaron a la crisis financiera, porque también repercutieron
directa o indirectamente en la definición de prioridades de investigación
y de formación, no solamente en las ciencias sociales y humanísticas
sino también en las ciencias naturales, especialmente en las más vinculadas
con proyectos de desarrollo tecnológico. La incapacidad política del Estado
y del proyecto nacional repercutió en una cierta incapacidad epistemológica
de la universidad, en la generación de desorientación en relación
con sus funciones sociales. Las políticas de autonomía y de descentralización
universitaria, adoptadas entre tanto, tuvieron como efecto dislocar las bases
de esas funciones de los designios nacionales para los problemas locales
y regionales. La crisis de identidad se instaló en el propio pensamiento
crítico y en el espacio público universitario –que alimentó y del cual se
alimentó– puesto en la urgencia de olvidarse de sí mismo, para no tener
que optar entre, por un lado, el nacionalismo aislacionista del cual siempre
se distanció y que ahora se tornó totalmente anacrónico, y por otro lado,
ausencia. Las orientaciones que presento adelante para la reforma de la universidad buscan
crear condiciones para que en el nuevo contexto en el que se encuentra la universidad, le
sea posible definir en términos igualmente nuevos un proyecto de nación y no sólo el registro
de su ausencia.
31
una globalización que por efecto de escala miniaturiza el pensamiento crítico
nacional, reduciéndolo a la condición de idiosincrasia local indefensa ante
este imparable torrente global.
Trabajando en aguas subterráneas, esta falta de proyecto de nación
solamente sabe afirmarse a través de los estados de defensa y de parálisis.
Pienso, sin embargo, que la universidad no saldrá del túnel entre el pasado
y el futuro en el que se encuentra si no se reconstruye el proyecto de nación.
Sin embargo, esto es justamente lo que está sucediendo en los países centrales.
Las universidades globales de Estados Unidos, Australia y Nueva
Zelanda actúan en el marco de proyectos nacionales que tienen al mundo
como su espacio de acción. De otro modo no se justificaría el apoyo que da
la diplomacia de esos países a tales proyectos. Es el colonialismo de tercera
generación que tiene, en este caso, por protagonistas a las colonias del colonialismo
de segunda generación.
Para los países periféricos y semiperiféricos el nuevo contexto global
exige una total reinvención del proyecto nacional, sin el cual no podrá haber
reinvención de la universidad. Como se verá más adelante, no hay nada de
nacionalismo en esta exigencia. Sólo hay la necesidad de inventar un cosmopolitismo
crítico en un contexto de globalización neoliberal agresiva y excluyente.
De la palabra a la pantalla
En esta última década, tan dominada por la mercantilización, hay aún un
tercer factor que no es exclusivamente mercantil, responsable también de
la conmoción de la universidad. Se trata del impacto de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, la proliferación de fuentes de información
y las posibilidades de enseñanza-aprendizaje a distancia. La universidad
es una entidad con un fuerte componente territorial que es bien evidente
en el concepto de campus. En esa territorialidad, en combinación con
el régimen de estudios, se vuelve muy intensa la co-presencia y la comunicación
presencial. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
cuestionan esta territorialidad. Con la conversión de las nuevas tecnologías
en instrumentos pedagógicos, la territorialidad es puesta al servicio
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
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32
de la extra-territorialidad y la exigencia de la co-presencia comienza a sufrir
la competencia del estar-on line. El impacto de estas transformaciones
en la institucionalidad de la universidad es una cuestión que está abierta. Es
sabido que la transnacionalización del mercado universitario se basa en
ellas y que al lado de las universidades convencionales están proliferando la
enseñanza a distancia y las universidades virtuales. Es también sabido que
esta transformación es además responsable de la desigualdad y segmentación
en el conjunto global de las universidades, debido a la brecha digital
que hay entre ellas. Lo que hace falta saber, por un lado, es en qué medida
esta transformación afecta la investigación, la formación y la extensión universitarias,
cuando ellas se vuelvan disponibles y fácilmente accesibles, y
por otro lado, qué impacto tendrá su ausencia en los lugares y los tiempos
en donde no estén disponibles o difícilmente accesibles. Al enumerar estas
cuestiones de manera abierta, no quiero sugerir una visión pesimista o negativa
del uso potencial de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación por parte de las universidades. Pretendo solamente acentuar
que sería desastroso si las inercias atadas a la idea de que la universidad sabe
estar orgullosamente detenida en la ronda del tiempo, no permiten enfrentar
los riesgos y maximizar las potencialidades.
II
En esta parte, procuraré identificar algunas de las ideas-fuerza que deben
orientar una reforma creativa, democrática y emancipadora de la universidad
pública.14 Tal vez el primer asunto sea conocer quiénes son los sujetos
14 A lo largo de este texto, cuando me refiero a la universidad pública asumo su carácter
estatal. Bresser Pereira, que fue Ministro de Ciencias y Tecnología y de Administración
Federal y Reforma del Estado en el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, fue uno de los
más destacados defensores de la idea de universidad pública no-estatal. No es aquí el lugar
para hacer una crítica detallada a esta propuesta; pero diré solamente que además de ser
poco probable que se pueda adoptar con éxito el modelo de las universidades norteamericanas
en un contexto semiperiférico, esta propuesta contiene varios riesgos: asume el fin de la
gratuidad de la enseñanza pública; profundiza la desvinculación del Estado en relación con
33
de las acciones que es necesario emprender para enfrentar eficazmente los
desafíos de la universidad pública. Para identificar los sujetos, es necesario
definir previamente el sentido político de la respuesta a tales desafíos. A la
luz de lo precedente, se hace claro que a pesar de la multiplicidad de las
causas de la crisis de la universidad y que algunas de ellas son de larga data,
se están reconfigurando hoy en día por la globalización neoliberal y el modo
como esta afecta hoy los designios de la universidad. Tal como lo he defendido
para otras áreas de la vida social, el único modo eficaz y emancipador
de enfrentar la globalización neoliberal es contraponerle una globalización
alternativa, una globalización contrahegemónica. Globalización contrahegemónica
de la universidad, en cuanto bien público, significa específicamente
lo siguiente: las reformas nacionales de la universidad pública
deben reflejar un proyecto de nación centrado en las preferencias políticas
que califiquen la inserción del país en contextos de producción y de distribución
de conocimientos cada vez más transnacionalizados y cada vez más
polarizados entre procesos contradictorios de transnacionalización,
globalización neoliberal y globalización contrahegemónica. Este proyecto
de nación debe ser resultado de un amplio contrato político y social especificado
en varios contratos sectoriales, siendo uno de ellos el contrato educativo
y dentro de este el contrato de la universidad como bien público. La
reforma tiene por objetivo central responder positivamente a las demandas
sociales para la democratización radical de la universidad, poniendo fin a
una historia de exclusión de grupos sociales y de sus saberes, en lo que ha
sido protagonista la universidad durante mucho tiempo, desde antes de la
actual fase de globalización capitalista. Si la respuesta a esta última debe ser
hoy privilegiada, es porque ella hace inviable cualquier posibilidad de democratización
y mucho menos de democratización radical. Es por esta razón
que las escalas nacional y transnacional de la reforma se entrecruzan.
No es entonces posible una solución nacional sin articulación global.
la universidad pública, ya que el Estado deja de ser su financiador exclusivo; aumenta y
desregula la competencia entre la universidad pública y la universidad privada y como ésta,
al contrario de lo que pasa en Estados Unidos, es de calidad inferior a la universidad pública,
es natural que la nivelación se de hacia abajo.
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
UMBRALES
34
La globalización contrahegemónica de la universidad como bien público,
que aquí propongo, mantiene la idea de proyecto nacional, sólo que
lo concibe de un modo no nacionalista ni autárquico. En el siglo XXI sólo
habrá naciones en la medida en que existan proyectos nacionales de calificación
de la inserción en la sociedad global. Para los países periféricos y
semiperiféricos no hay calificación sin que la resistencia a la globalización
neoliberal se traduzca en estrategias de globalización alternativa. La dificultad,
y a veces el drama, de la reforma de la universidad en muchos países,
reside en el hecho de obligarla a reponer el asunto del proyecto nacional
que los políticos de los últimos veinte años, en general, no quisieron
enfrentar, porque ella es parte del engranaje de su rendición al neoliberalismo
o porque la juzgan sobrepasada como instrumento de resistencia.
La universidad pública sabe que sin proyecto nacional sólo hay contextos
globales y estos son demasiado poderosos para que la crítica universitaria
de los contextos no acarree la propia descontextualización de la universidad.
El “exceso de lucidez” de la universidad le permite denunciar que “el
emperador va desnudo” y es por eso que la reforma de la universidad será
siempre diferente de todas las demás. Será autoritaria o democrática en
consonancia con la instancia política que rechace o acepte verse en el espejo,
no hay término medio.15
La globalización contrahegemónica de la universidad como bien público
es entonces un proyecto político exigente que para lograr credibilidad
debe sobrepasar los dos preconceptos contradictorios más enraizados:
que la universidad sólo puede ser reformada por los universitarios y que la
universidad nunca se auto-reformará. Por eso el proyecto tiene que ser
sustentado por fuerzas sociales dispuestas e interesadas en protagonizarlo.
El primer protagonista es la propia universidad pública, es decir, que es ella
quien está interesada en una globalización alternativa. La universidad pública
15 Dada la desmoralización de la universidad pública creo que muchos no verán esta lucidez y
mucho menos “el exceso de lucidez”. Otros, especialmente universitarios, ejercitan ese exceso
de lucidez contra la universidad viendo solamente en ella privilegios y corporativismos.
Con ninguno de estos dos grupos de críticos será posible contar para llevar a cabo una
reforma progresista y democrática de la universidad pública.
35
es hoy un campo social muy fragmentado y en su seno cohabitan sectores e
intereses contradictorios. Es cierto que en muchos países, especialmente
periféricos y semiperiféricos, tales contradicciones aparecen latentes porque
lo que domina es una posición de mantenimiento del status quo y del rechazo.
Esta es una posición conservadora no sólo por defender el estatus quo sino
por estar desprovista de alternativas realistas, y que acabará, por lo tanto,
sumergida en los designios de la globalización neoliberal de la universidad.
Los universitarios que denuncian esta posición conservadora y que al mismo
tiempo rechazan la idea de ineluctabilidad de la globalización neoliberal
serán los protagonistas de la reforma progresista que aquí propongo.
El segundo protagonista de la respuesta a estos desafíos es el Estado nacional
siempre y cuando opte políticamente por la globalización solidaria de la
universidad. Sin esta opción, el Estado nacional acabaría por adoptar más o
menos incondicionalmente, o por ceder sin mucha resistencia, a las presiones
de la globalización neoliberal, y en cualquier caso se transforma en el enemigo
de la universidad pública por más proclamaciones que haga para contradecirlo.
Las opciones tienden a ser dramáticas, dada esta relación de proximidad y
de amor-odio que el Estado ha mantenido con la universidad a lo largo del
siglo XX. Finalmente, el tercer protagonista de las reformas que propongo son
los ciudadanos individualmente o colectivamente organizados, grupos sociales,
sindicatos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y
sus redes, gobiernos locales progresistas, interesados en fomentar articulaciones
cooperativas entre la universidad y los intereses sociales que representan.
Al contrario del Estado, este tercer protagonista tiene históricamente una relación
distante y a veces hostil con la universidad, precisamente, como consecuencia
del elitismo de la universidad y de la distancia que esta cultivó durante
mucho tiempo en relación con los sectores concebidos como no-cultos de la
sociedad. Es un protagonista que tiene que ser conquistado por vía de la respuesta
al asunto de la legitimidad, o sea, a través del acceso no clasista, no
racista, no sexista y no etnocéntrico a la universidad, y por todo un conjunto
de iniciativas que consoliden la responsabilidad social de la universidad en la
línea del conocimiento pluriunversitario solidario.
Además de estos tres protagonistas, en los países semiperiféricos y
periféricos existe un cuarto grupo que sin tener en general condiciones
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36
para ser protagonista de la reforma que aquí propongo, puede integrar el
contrato social que dará legitimidad y sustentabilidad a la reforma. Se trata
del capital nacional. Es verdad que los sectores más dinámicos del capital
nacional –los sectores potencialmente más eficaces en la construcción del
contrato social– están transnacionalizados y por lo tanto, integrados en la
globalización neoliberal hostil al contrato social. Sin embargo, el proceso
de transnacionalización de estos sectores en los países periféricos y semiperiféricos
no ocurre sin contradicciones, y la búsqueda de condiciones
que mejoren su inserción en la economía global depende del conocimiento
científico, tecnológico o gerencial producido en las universidades. En esta
medida, pueden tener interés en asociarse a una reforma que defienda la
universidad pública, sobre todo en los casos en que no hay alternativas
extra-universitarias de producción de conocimiento de excelencia.
Sobre esta posición general de la reforma de la universidad pública y
sus protagonistas, se definen los siguientes principios orientadores:
Enfrentar lo nuevo con lo nuevo
Las transformaciones de la última década fueron mucho más profundas y a
pesar de haber sido dominadas por la mercantilización de la educación superior,
no se han reducido a eso. Incluyen transformaciones en los procesos
de conocimiento y en la contextualización social del conocimiento. Frente
a esto, no puede enfrentarse lo nuevo contraponiendo lo que existía antes.
En primer lugar, porque los cambios son irreversibles y en segundo lugar,
porque lo que existió antes no fue una edad de oro, o si lo fue, lo fue solamente
para la universidad y no para el resto de la sociedad, y en el seno de la
propia universidad, lo fue solamente para algunos y no para otros.
La resistencia debe involucrar la promoción de alternativas de investigación,
de formación, de extensión y de organización que apunten hacia la
democratización del bien público universitario, es decir, para la contribución
específica de la universidad en la definición y solución colectiva de los
problemas sociales, nacionales y globales.
37
Luchar por la definición de la crisis
Para salir de su posición defensiva, la universidad debe estar segura que la
reforma no se hace en contra de ella.16 Es aquí crucial la idea del contrato
educativo porque no hay contrato cuando hay imposiciones o resistencias
innegociables. Para que esto no suceda es necesario conocer en cuáles condiciones
y para qué debe salir la universidad de esta posición defensiva.
Para esto es necesario volver a tener en cuenta los conceptos de crisis de
hegemonía y legitimidad.
El ataque a la universidad por parte de los Estados entregados al
neoliberalismo fue tan contundente que hoy es difícil definir los términos
de la crisis si no es en términos neoliberales. Además, reside aquí la primera
manifestación de la pérdida de hegemonía de la universidad. La universidad
perdió la capacidad de definir la crisis hegemónicamente, es decir
con autonomía, de modo que la sociedad se vea reflejada en ella. Además,
esta pérdida justifica el nivel más profundo de la dominación de las posiciones
defensivas. Por eso es determinante definir y sustentar una nueva
definición contrahegemónica de la crisis.
En los últimos veinte años, la universidad sufrió una erosión en su
hegemonía, tal vez irreparable, como resultado de las transformaciones en
la producción del conocimiento y con la transición que está en proceso, del
conocimiento universitario convencional hacia el conocimiento pluriuniversitario,
transdisciplinar, contextualizado, interactivo, producido, distribuido
y consumido con base en las nuevas tecnologías de la comunicación
e información que alteraron por un lado, las relaciones entre conocimiento
e información y por otro lado, entre formación y ciudadanía. La universidad
no ha podido, hasta ahora, sacar provecho de estas transformaciones y
por eso se ha adaptado mal a ellas o las ha considerado hostiles.17 Como
16 Con esto quiero tan sólo decir que el espíritu de la reforma no puede ser el de privatizar la
universidad pública. Obviamente que la reforma tendrá que ir en contra de todo aquello que en
la universidad pública se resiste a su transformación en un sentido progresista y democrático.
17 Esto no significa que muchas universidades no hayan usado creativamente las nuevas tecnologías
de información y comunicación para democratizar el acceso al conocimiento, y
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
UMBRALES
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vimos, esto se debió a una pluralidad de factores: crisis financiera, rigidez
institucional, muchas veces exigida por el mismo Estado que proclamaba
flexibilidad; una concepción de libertad académica y de expertise que impidió
traer a la universidad nuevos perfiles profesionales capaces de lidiar
creativamente con las transformaciones; incapacidad de articular la valiosa
experiencia de interacción presencial con la interacción a distancia; una
cultura institucional perenne que desvaloriza los cambios. Las reformas
deben partir de la constatación de la pérdida de hegemonía y concentrarse
en la cuestión de la legitimidad.
Luchar por la definición de universidad
Hay un asunto de hegemonía que debe ser resuelto, un asunto aparentemente
residual pero que es central, de él depende el modo como la universidad
podrá luchar por su legitimidad: es la cuestión de la definición de
universidad. El gran problema de la universidad en este campo ha sido el
hecho de entender fácilmente por universidad aquello que no lo es. Esto
fue posible debido a la acumulación indiscriminada de funciones atribuidas
a la universidad a lo largo del siglo XX. Como estas funciones fueron adicionadas
sin articulación lógica, el mercado de la educación superior pudo
autodesignar su producto como universidad sin asumir todas las funciones
de ella, seleccionando las que le aseguraban fuentes de lucro y concentrándose
en ellas.
Las reformas deben partir del supuesto de que en el siglo XXI sólo
habrá universidad cuando haya formación de grado y de postgrado, investigación
y extensión. Sin cualquiera de estas habrá enseñanza superior pero
no habrá universidad. Esto significa que en muchos países la aplastante
mayoría de las universidades privadas y parte de las universidades públicas
no son universidades porque les falta la investigación o el postgrado.
especialmente, para estrechar las relaciones con la sociedad. Este texto se refiere a la tendencia
general.
39
La reforma debe entonces distinguir más claramente entre universidad
y educación superior.18 En lo que respecta a las universidades públicas
que no lo son verdaderamente, el problema debe ser resuelto en el ámbito
de la creación de una red universitaria pública, propuesta más adelante,
que posibilite a las universidades que no pueden tener investigación o cursos
de postgrado autónomos, hacerlo en alianza con otras universidades en el
ámbito de la red nacional o inclusive transnacional. No es sostenible y mucho
menos recomendable desde el punto de vista de un proyecto nacional educativo,
un sistema universitario donde el postgrado y la investigación estén
concentrados en una pequeña minoría de universidades.
En lo que respecta a las universidades privadas –en el caso que estas
quieran mantener el estatuto y la designación de universidades– su acreditación
debe estar sujeta a la existencia de programas de postgrado, investigación
y extensión, con seguimiento y monitoreos permanentes. Así como
sucede con las universidades públicas, si las universidades privadas no pueden
sustentar autónomamente tales programas, deben hacerlo a través de alianzas
con otras universidades privadas o con otras universidades públicas.
La definición de lo que es universidad es crucial para que la universidad
pueda ser protegida de la competencia predatoria y para que la sociedad no
sea víctima de prácticas de consumo fraudulento. La lucha por la definición
de universidad permite dar a la universidad pública un campo mínimo
de maniobrar para poder conducir con eficacia la lucha por su legitimidad.
Reconquistar la legitimidad
Afectada irremediablemente la hegemonía, la legitimidad es simultáneamente
más apremiante y más difícil. La lucha por la legitimidad va a ser
18 Este texto aborda exclusivamente el asunto de la universidad y por eso no me refiero al
papel de la educación superior no universitaria. Atribuyo a esta última gran importancia,
pero me parece importante que su diferencia en relación con la universidad debe ser clara,
para que la educación superior no universitaria no caiga en la tentación de dedicar sus
energías a pasar por aquello que no es.
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
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cada vez más exigente y la reforma de la universidad debe centrase en ella.
Son cinco las áreas de acción en este campo: acceso, extensión, investigación-
acción, ecología de saberes, universidad y escuela pública. Las dos primeras
son las más convencionales pero deberán ser profundamente revisadas,
la tercera ha sido practicada en algunas universidades latinoamericanas y
africanas durante algunos períodos de mayor responsabilidad social por parte
de la universidad, la cuarta constituye una decisiva innovación en la construcción
de una universidad postcolonial, la quinta es un campo de acción
que tuvo en el pasado una gran presencia pero que debe ser ahora reinventada.
a. Acceso
En el área del acceso la mayor frustración de la década fue que el objetivo
de la democratización del acceso no fue conseguido. En la mayoría de los
países los factores de discriminación, sean ellos la clase, la raza, el sexo o la
etnia, continuaron provocando en el acceso una mezcla entre mérito y privilegio.
En lugar de la democratización, hubo masificación y luego, en el
período de la controvertida post-masificación una fuerte segmentación de
la educación superior con prácticas de auténtico dumping social de diplomas
y diplomados sin que hayan sido tomadas de manera eficaz medidas
anti-dumping. Las universidades de los segmentos más altos tomaron muy
pocas iniciativas, además de defender sus criterios de acceso, invocando el
hecho, muchas veces cierto, de que las más persistentes discriminaciones
ocurren antes de la universidad, en la educación primaria y secundaria. Es
de prever que la transnacionalización de los servicios de educación superior
agrave el fenómeno de la segmentación porque lo transnacionaliza.
Algunos proveedores extranjeros dirigen su oferta hacia los mejores alumnos
procedentes de las escuelas secundarias más elitistas o procedentes de
las mejores universidades nacionales. En un sistema transnacionalizado, las
mejores universidades de los países periféricos y semiperiféricos, que ocupan
el punto más alto en la pirámide de la segmentación nacional, pasarán
a ocupar los escalones inferiores de la segmentación global. De las cuatro
formas de servicios transnacionalizados, el consumo en el extranjero es uno
de los principales responsables del nuevo brain drain (fuga de cerebros).
41
Entre las ideas-fuerza que se deben tener en cuenta en el área del acceso,
resalto las siguientes:
1. En los países donde la discriminación en el acceso a la universidad se
apoya en buena parte en los bloqueos en los niveles de educación básica
y media, la reforma progresista de la universidad, en contraposición
a la propuesta del Banco Mundial, debe dar incentivos a la universidad
para promover alianzas activas en el campo pedagógico y científico
con las escuelas públicas.19
2. La universidad pública debe permanecer gratuita y a los estudiantes
de las clases trabajadoras se le deben asignar becas y no préstamos.20 Si
no es controlado, el endeudamiento de los estudiantes universitarios
será a mediano y largo plazo una bomba de tiempo. Estamos lanzando
a un mercado de trabajo cada vez más incierto una población oprimida,
con la certeza de que su deuda puede llevarle veinte años para saldarla.
Las becas deben ser concedidas mediante contrapartidas de trabajo
en las actividades universitarias, en el campus o fuera de éste. Por
ejemplo, estudiantes de licenciaturas podrían ofrecer algunas horas
semanales en escuelas públicas en su papel de tutores o colaborando
con alumnos con dificultades de aprendizaje.
3. En las sociedades multinacionales y pluriculturales, donde el racismo
es un hecho, asumido o no, las discriminaciones raciales o étnicas deben
ser confrontadas con programas de acción afirmativa (cupo u otras
medidas) que deben orientarse no solamente al acceso, sino también al
acompañamiento, especialmente durante los primeros años de univer-
19 En varios países hay experiencias concretas de colaboración entre las universidades y las
instituciones de enseñanza básica y media. En Portugal por ejemplo, varias factulades y
centros de investigación “adoptan” algunas instituciones para alianzas más intensas de colaboración
pedagógica y divulgación científica. El programa “Ciencia Viva” creado en 1996 fue
un buen trabajo de intermediación entre las universidades y la educación básica y media.
20 Tal vez sea más correcto designar el área de acceso como acceso/permanencia o inclusive
acceso/permanencia/logro, toda vez que lo que está en juego no es sólo garantizar el acceso
sino también la permanencia y el logro de los estudiantes oriundos de las clases o grupos
sociales discriminados.
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
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sidad, donde muchas veces son más altas las tasas de abandono. Sin
duda que la discriminación racial o étnica ocurre conjuntamente con
la discriminación de clase, pero no puede ser reducida a ésta y debe ser
objeto de medidas específicas.
4. La evaluación crítica del acceso y por lo tanto de los obstáculos del
acceso –así como el resto de la discusión en las áreas de extensión y de
la ecología de saberes– debe incluir explícitamente el carácter colonial
de la universidad moderna. La universidad no sólo participó en la
exclusión social de las razas y las etnias consideradas inferiores, sino
que también teorizó sobre su inferioridad, una inferioridad extendida
a los conocimientos producidos por los grupos excluidos, en nombre
de la prioridad epistemológica concedida a la ciencia. Las tareas de
democratización del acceso son particularmente exigentes porque cuestionan
la universidad en conjunto; no solamente sobre quién la frecuenta
sino también sobre los conocimientos que le son transmitidos a
quien la frecuenta.
b. Extensión
El área de extensión va a tener un significado muy especial en el futuro
inmediato. En el momento en que el capitalismo global pretende reducir la
universidad en su carácter funcionalista y transformarla de hecho en una
amplia agencia de extensión a su servicio, la reforma de la universidad debe
conferir una nueva centralidad a las actividades de extensión (con implicaciones
en el currículo y en las carreras de los docentes) y concebirlas,
de modo alternativo al capitalismo global, atribuyendo a las universidades
una participación activa en la construcción de la cohesión social, en la
profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social, la
degradación ambiental y en la defensa de la diversidad cultural. Esta es un
área que para ser llevada a cabo con éxito, exige cooperación intergubernamental,
por ejemplo, entre ministros de educación, responsables de
educación superior y tecnología, y responsables de la cultura y de las áreas
sociales. La extensión incluye un amplio campo de prestación de servicios
y sus destinatarios pueden ser muy variados: grupos sociales populares y
43
sus organizaciones, movimientos sociales, comunidades locales y regionales,
gobiernos locales, el sector público y el sector privado. Además de los
servicios prestados a destinatarios bien definidos existe también otra área
de prestación de servicios que tiene como destinataria a la sociedad en general.
A título de ejemplo: “incubación” de la innovación, promoción de la
cultura científica y tecnológica, actividades culturales en el campo de las
artes y de la literatura.
Para que la extensión cumpla este papel, es necesario evitar que sea
orientada hacia actividades rentables con la finalidad de recaudar recursos
extrapresupestarios. En este caso estaremos frente a una privatización discreta
(o no tan discreta) de la universidad pública. Para evitar esto, las actividades
de extensión deben tener como objetivo prioritario, refrendado
democráticamente al interior de la universidad, el apoyo solidario para la
resolución de los problemas de exclusión y la discriminación sociales, de tal
modo que se de la voz a los grupos excluidos y discriminados.
c. Investigación-acción
La investigación-acción y la ecología de saberes son campos de legitimación
de la universidad que trascienden la extensión, en tanto actúan al nivel de
ésta como al nivel de la investigación y de la formación. La investigaciónacción
consiste en la definición y ejecución participativa de proyectos de
investigación involucrando a las comunidades y a las organizaciones sociales
populares, de la mano de problemas cuya solución puede beneficiarse
de los resultados de la investigación. Los intereses sociales están articulados
con los intereses científicos de los investigadores y la producción del
conocimiento científico se da estrechamente ligada a la satisfacción de necesidades
de los grupos sociales que no tienen poder para poner el conocimiento
técnico y especializado a su servicio a través de la vía mercantil. La
investigación-acción, que no es de ningún modo específica de las ciencias
sociales, no ha sido en general, una prioridad en la universidad. Sin embargo,
tiene una larga tradición en América Latina, a pesar de haber sido más
fuerte en los años 1960 y 1970 que hoy. Así como sucede con las actividades
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
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de extensión, esta nueva centralidad otorgada a la investigación-acción, se
debe al hecho de que la transnacionalización de la educación superior trae
consigo el proyecto de transformar la universidad en un centro de investigación-
acción al servicio del capitalismo global. También aquí la lucha contra
el funcionalismo, solamente es posible a través de la construcción de una
alternativa que marque socialmente la utilidad social de la universidad y
que formule esa utilidad de manera contrahegemónica.
d. Ecología de saberes
La ecología de saberes es una profundización de la investigación-acción.
Es algo que implica una revolución epistemológica en el seno de la universidad
y como tal no puede ser decretada por ley. La reforma debe apenas
crear espacios institucionales que faciliten e incentiven su surgimiento. La
ecología de saberes es, por así decir, una forma de extensión en sentido
contrario, desde afuera de la universidad hacia adentro de la universidad.
Consiste en la promoción de diálogos ente el saber científico y humanístico
que la universidad produce y los saberes legos, populares, tradicionales,
urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no occidentales (indígenas,
de origen africano, oriental, etc.) que circulan en la sociedad. A la par con
la euforia tecnológica, ocurre hoy una situación de confianza epistemológica
en la ciencia, derivada de la creciente visibilidad de las consecuencias perversas
de algunos progresos científicos y del hecho de que muchas de las
promesas sociales de la ciencia moderna todavía no se han cumplido. Comienza
a ser socialmente perceptible que la universidad, al especializarse
en el conocimiento científico y al considerarlo la única forma de conocimiento
válido, contribuyó activamente a la descalificación e inclusive a la
destrucción de mucho conocimiento no científico y con eso, contribuyó a
la marginalización de los grupos sociales que solamente disponían de esas
formas de conocimiento. Es decir, que la injusticia social contiene en su
seno una injusticia cognitiva. Esto es particularmente obvio en la escala
global ya que los países periféricos, ricos en saberes no científicos y pobres
en conocimiento científico, transitan hacia este último bajo la forma de la
45
ciencia económica que destruye sus formas de sociabilidad, sus economías,
sus comunidades indígenas y campesinas y su medio ambiente.21
Bajo formas muy diferentes pasa algo semejante en los países centrales,
donde los impactos negativos ambientales y sociales del desarrollo científico,
comienzan a incluirse en el debate en el espacio público, presionando al conocimiento
científico a confrontarse con otros conocimientos, legos, filosóficos,
de sentido común, éticos e inclusive religiosos. Por esta confrontación
pasan algunos de los procesos de promoción de la ciudadanía activa crítica.
La ecología de los saberes es un conjunto de prácticas que promueven
una nueva convivencia activa de saberes con el supuesto de que todos ellos,
incluido el saber científico, se pueden enriquecer en ese diálogo. Implica una
amplia gama de acciones de valoración, tanto del conocimiento científico
como de otros conocimientos prácticos considerados útiles, compartidos por
investigadores, estudiantes y grupos de ciudadanos, sirve de base para la creación
de comunidades epistémicos más amplias que convierten a la universidad
en un espacio público de interconocimiento donde los ciudadanos y los
grupos sociales pueden intervenir sin la posición exclusiva de aprendices.
La investigación-acción y la ecología de saberes se sitúan en la búsqueda
de uan reorientación solidaria de la relación universidad-sociedad. Este
es el caso de los “talleres de ciencia” (science shops). Un taller de ciencia es
una unidad que puede estar conectada a una universidad y dentro de ésta a
un departamento o una unidad orgánica específica, que responde a solicitudes
de ciudadanos o grupos de ciudadanos, de asociaciones o movimientos
cívicos o de organizaciones del tercer sector, y en ciertos casos, empresas
del sector privado para el desarrollo de proyectos que sean claramente de
interés público (identificación y propuesta de resolución de problemas sociales,
ambientales, en el campo del empleo, el consumo, la salud pública, la
energía, etc., facilitación de la constitución de organizaciones y asociaciones
de interés social comunitario, promoción del debate público, etc.). La
21 El vínculo recíproco entre injusticia social e injusticia cognitiva será una de las ideas que
más resistencia encontrará en el seno de la universidad, toda vez que históricamente fue el
gran agente del epistemicidio cometido contra los saberes locales, legos, indígenas, populares
en nombre de la ciencia moderna.
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UMBRALES
46
solicitud es estudiada de manera conjunta a través de procedimientos
participativos en los que intervienen todos los interesados y los responsables
del taller de ciencia. Estos últimos contactan a los departamentos o
especialistas de la universidad y eventualmente de la red interuniversitaria
de talleres de ciencia, potencialmente interesados en integrar el proyecto.
Se constituye entonces un equipo que incluye a todos los interesados, que
diseña el proyecto y la metodología participativa de intervención.22 En universidades
de algunos países (Dinamarca por ejemplo) los talleres de ciencia
son integrados en las actividades curriculares de diferentes cursos. Se
ofrecen seminarios de formación para los estudiantes que deseen participar
en talleres de ciencia y los trabajos de final de curso pueden incidir sobre
los resultados de esa participación. Lo mismo pasa con la realización de
tesis de postgrado que podrían consistir en un proyecto que responda a la
solicitud de un taller de ciencia.
Los talleres de ciencia son una interesante experiencia de democratización
de la ciencia y de la orientación solidaria de la actividad universitaria. Sin
embargo, algunas de las universidades –presionadas por la búsqueda de ingresos
en el mercado– se han involucrado en el sentido de transformarse en unidades
de prestación remunerada de servicios. Los modelos solidarios tienen un
fuerte potencial de creación de nichos de orientación cívica y solidaria en la
formación de los estudiantes y en la relación de la universidad con la sociedad,
y funcionan como “incubadoras” de solidaridad y de ciudadanía activa.23
e. Universidad y escuela pública24
Al tratar el tema del acceso, me referí a la necesidad de vincular la universidad
con la educación básica y secundaria. Esta vinculación merece un
22 La participación sólo es genuina en la medida en que condiciona efectivamente los resultados,
los medios y los métodos para llegar a él. Bajo el nombre de participación y de otros
similares, como por ejemplo el de consulta, se conducen hoy proyectos de “asistencia”
Norte-Sur inocultablemente neocoloniales.
23 Un análisis de los talleres de ciencia se puede leer en Wachelder, 2003.
24 Esta sección le debe mucho a mis diálogos con Paulino Motter.
47
tratamiento separado por ser un campo fundamental en la reconquista de la
legitimidad de la universidad. Aunque es un campo muy amplio, en este texto
me concentro en un tema específico: el saber pedagógico. Este tema abarca
tres subtemas: producción y difusión del saber pedagógico, investigación
educativa y formación de docentes de la escuela pública. Es un tema de una
creciente importancia, ávidamente codiciado por el mercado educativo donde
antes tuvo un papel hegemónico la universidad, ahora perdido. Este hecho
es hoy responsable del distanciamiento entre la universidad y la escuela
pública –la separación entre el mundo académico y el mundo de la escuela–
un distanciamiento que de mantenerse acabará por derrumbar cualquier esfuerzo
serio en el sentido de relegitimar socialmente la universidad.
Bajo la égida de la globalización neoliberal, organismos internacionales,
organizaciones no gubernamentales y una pléyade de fundaciones e
institutos privados vienen asumiendo algunas de las funciones de la universidad
pública en el desarrollo de la educación pública, especialmente en el
campo de la investigación educativa aplicada. Este cambio en la titularidad
de las funciones repercute en el contenido de su desempeño. Ese cambio,
además, se manifiesta en la primacía de las metodologías cuantitativas, en
el énfasis del carácter evaluativo y de diagnóstico generado por la racionalidad
económica, basada en el análisis costo-beneficio y finalmente en la
preocupación obsesiva con la medición de resultados de aprendizaje a través
de la aplicación periódica de tests estandarizados. Temas como la eficiencia,
la competencia, la performance, choice y accountability, ganaron
centralidad en la agenda educativa. Las investigaciones producidas fuera
de las universidades patrocinadas y financiadas por organismos internacionales
y fundaciones privadas, pasaron a tener una enorme influencia sobre
las políticas públicas de educación, condicionando las elecciones de gestores
de los sistemas públicos de enseñanza. Excluida del debate y acusada
frecuentemente de defender el status quo de las corporaciones de la educación
pública y de oponerse a las reformas, la universidad se enclaustró en el
papel de cuestionar el discurso dominante sobre la crisis de la escuela pública
y no se esforzó en formular alternativas. De ahí que los educadores y gestores
escolares comprometidos con proyectos progresistas y contrahegemónicos
se quejen de la falta de compromiso y apoyo de la universidad pública.
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
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48
Igualmente, en el área de formación, las reformas educativas de las
últimas décadas revelan una estrategia deliberada de descalificación de la
universidad como lugar (locus) de formación docente. La marginalización
de la universidad ocurre simultáneamente con la exigencia de calificación
terciaria de los profesores de todos los niveles de enseñanza25 de donde
resulta la progresiva privatización de los programas de capacitación de profesores.
El “entrenamiento y capacitación de profesores” se convirtió en uno
de los segmentos más prósperos del emergente mercado educativo, hecho
evidente en la proliferación de instituciones privadas que ofrecen cursos de
capacitación de profesores a las redes de educación básica y secundaria.
La fosa cavada entre la universidad pública y el saber pedagógico es
perjudicial para la escuela y para la universidad. La resistencia de esta última
al nuevo recetario educativo no puede reducirse solamente a la crítica,
ya que la crítica en un contexto de crisis de legitimidad de la universidad,
termina validando el aislamiento social de ésta. Para dar un ejemplo, la
crítica producida en las facultades de educación ha reforzado la percepción
que la universidad está especialmente empeñada en la defensa del status
quo. Romper con esta percepción debe ser uno de los objetivos centrales de
una reforma universitaria progresista y democrática.26 El principio que debe
afirmarse debe ser el compromiso de la universidad con la escuela pública.
A partir de ahí, se trata de establecer mecanismos institucionales de colaboración
a través de los cuales se construya una integración efectiva entre
la formación profesional y la práctica educativa. Entre otras orientaciones,
la reforma aquí propuesta debe propugnar:
25 Es este el caso de Brasil en donde la nueva Ley de Directrices y Bases de la Educación
Nacional (LDB, 1996) establece que a partir de 2007 todos los profesores de educación
básica deberán tener una formación de nivel superior.
26 Experiencias innovadoras de integración entre universidades públicas y sistemas de educación
básica y secundaria deben servir como referencia práctica. Por ejemplo en Brasil, algunas
universidades federales respondieron creativamente a las exigencias establecidas por la
LDB creando licenciaturas especialmente diseñadas para atender a los profesores de las
redes estatales y municipales de educación que no poseían formación profesional académica.
Una experiencia exitosa se desarrolló en la Universidad Federal de Pelotas (Aporte
personal de Paulino Motter).
49
1. Valorización de la formación inicial y su articulación con los programas
de formación continua.
2. Reestructuración de los cursos de licenciatura con el fin de asegurar la
integración curricular entre la formación profesional y la formación
académica.
3. Colaboración entre investigadores universitarios y profesores de instituciones
educativas públicas en la producción y difusión del saber
pedagógico, mediante el reconocimiento y el estímulo de la investigación-
acción.
4. Creación de redes regionales y nacionales de universidades públicas
para desarrollo de programas de formación continua en alianza con
los sistemas de educación pública.
f. Universidad e industria
Los campos de conquista de legitimidad que mencioné son áreas que deben
ser particularmente incentivadas porque se encuentran globalmente en riesgo,
además, son también las áreas más consistentemente articuladas con un
proyecto de reforma progresista. Hay sin embargo, un área de legitimación
y de responsabilización social que ha asumido una preeminencia sin
precedentes en los últimos veinte años. Se trata de la relación entre la universidad
y el sector capitalista privado en cuanto consumidor o destinatario
de los servicios prestados por la universidad. Como vimos, este sector
surge también hoy de forma creciente, como productor de servicios educativos
y universitarios, pero en este apartado me refiero solamente al papel
como consumidor. La popularidad con que circulan hoy, especialmente en
los países centrales, los conceptos de “sociedad del conocimiento” y “economía
basada en el conocimiento” es reveladora de la presión ejercida a la
universidad para producir el conocimiento necesario para el desarrollo
tecnológico que haga posible la ganancia de productividad y competitividad
de las empresas. Esta presión es tan fuerte que va mucho más allá de las
áreas de extensión, ya que procura definir, según sus propios intereses, lo
que cuenta como investigación relevante y el modo como ésta debe ser
producida y apropiada. En esta redefinición no solamente colapsa la
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distinción entre extensión y producción de conocimiento, sino también la
distinción entre investigación básica e investigación aplicada.
En los países centrales y especialmente en Estados Unidos, la relación
entre el Estado y la universidad ha venido siendo marcada por el imperativo
central en este campo: la contribución de la universidad para la competitividad
económica y también para la supremacía militar. Las políticas
de investigación han sido orientadas de modo de privilegiar la investigación
en las áreas que interesan a las empresas y para la comercialización de
los resultados de la investigación. Los recortes en el financiamiento público
de la universidad son vistos como “incentivos” para que la universidad
busque financiamientos privados, para que establezca alianzas con la industria,
patente sus resultados y desarrolle actividades de comercialización,
incluyendo la comercialización de su propia marca.
La respuesta a esta presión asume algún dramatismo y es este campo
donde más dificultades le genera a la universidad, por cuatro razones principales:
porque es el campo en el que hay mayor brecha entre el modelo
institucional tradicional de la universidad y el nuevo modelo que está implícito
en los desempeños exigidos; porque en él, la universidad entra en
competencia directa con otras instituciones y actores que emergen del nuevo
modelo con objetivos muy distintos a los de la universidad; porque es aquí
donde los modelos de gestión pública de la universidad son más directamente
cuestionados y comparados negativamente con los modelos privados
de gestión; porque se vuelve más evidente la legitimación y responsabilidad
de la universidad en relación con ciertos intereses y con los grupos
sociales que los sustentan, y puede significar la deslegitimación de la universidad
en relación con otros intereses y otros grupos sociales subalternos
y populares. La legitimación en un lado, significa la deslegitimación en el
otro. Es en este ámbito que ocurre la transformación del conocimiento de
bien público en bien privado o privatizable, es decir, transable en el mercado.
La universidad es presionada para transformar el conocimiento y sus
recursos humanos en productos que deben ser explotados comercialmente.
La posición en el mercado pasa a ser crucial y en los procesos más avanzados
es la propia universidad la que se transforma en marca.
51
En este campo, la reforma progresista de la universidad como bien
público deberá orientarse por las siguientes ideas:
1. Es crucial que la comunidad científica no pierda el control de la agenda
de investigación científica. Para eso es necesario antes que nada, que
la asfixia financiera no obligue a la universidad pública a recurrir a la
privatización de sus funciones para compensar los recortes presupuestarios.
Es crucial que la apertura al exterior no se reduzca a la apertura
al mercado y que la universidad se pueda desenvolver en ese espacio
de intervención de modo que se equilibren los múltiples intereses, incluso
contradictorios, que circulan en la sociedad, y que con mayor o
menor poder de convocatoria, interpelan a la universidad. Inclusive
en los Estados Unidos donde la empresarialización del conocimiento
ha avanzado más, es defendido hoy que el liderazgo tecnológico del
país esté soportado en un cierto equilibrio entre la investigación básica,
realizada en las universidades sin interés comercial directo, y la
investigación aplicada sujeta al ritmo y al riesgo empresariales.
2. Las agencias públicas de financiamiento de la investigación deben regular
–pero sin eliminar– el control de la agenda por parte de la comunidad
universitaria en nombre de los intereses sociales considerados
relevantes y que obviamente están lejos de ser apenas relevantes para
la actividad empresarial. El uso creciente de los concursos para la llamada
investigación dirigida (targeted research) debe ser moderado por
concursos generales en los que la comunidad científica especialmente
la más joven, tenga posibilidad de desarrollar creativa y libremente
nuevas áreas de investigación, que no suscitan ningún interés por parte
del capital o del Estado. La investigación dirigida se centra en lo que
es importante hoy para quien tiene el poder de definir lo que es importante.
Con base en ella, no es posible pensar el largo plazo y, como lo
dije antes, éste es tal vez el único nicho de hegemonía que le queda a la
universidad. Por otro lado, la investigación dirigida y más aún, la investigación
comercialmente contratada y la consultoría, imponen ritmos
de investigación acelerada presionados por la sed de resultados
útiles. Estos ritmos impiden la maduración normal de los procesos de
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investigación y de discusión de resultados, cuando no atropellan inclusive
los protocolos de investigación y los criterios de evaluación de
resultados.
No se excluye la utilidad para la propia universidad de una interacción
con el medio empresarial en términos de identificación de nuevos temas de
investigación, de aplicación tecnológica y de análisis de impacto. Lo importante
es que la universidad esté en condiciones de explorar ese potencial
y para eso no puede ser puesta en una posición de dependencia y mucho
menos en el nivel de supervivencia en relación con los contratos
comerciales.
El tema más polémico en este ámbito es el del patentamiento del conocimiento.
En los países centrales la lucha por las patentes, especialmente
en las áreas comercialmente más atractivas, en la biotecnología por ejemplo,
comienza a transformar por completo los procesos de investigación y
las relaciones al interior de la comunidad científica, obstruyendo y afectando
la actividad colectiva de los procesos de investigación y la discusión
libre y abierta de los resultados. Par muchos, cuestiona inclusive el propio
avance de la ciencia, además de provocar una distorsión fatal en las prioridades
de la investigación. El problema del patentamiento es uno de los que
mejor revela la segmentación global de la producción de conocimiento.
Esto sólo es relevante en unos pocos países en los que hay gran capacidad
de absorción comercial del conocimiento producido.
g. El refuerzo de la responsabilidad social de la universidad
Reconozco que lo que acabo de proponer es un amplio programa de responsabilidad
social de la universidad y solamente así la universidad pública
puede luchar eficazmente por su legitimidad. La universidad debe entender
que la producción de conocimiento epistemológica y socialmente privilegiada
y la formación de élites dejaron de tener el poder, por sí solos, de
asegurar la legitimidad de la universidad a partir del momento en que ella
perdió la hegemonía, inclusive en el desempeño de estas funciones, y tuvo
que pasar a desempeñarse en un contexto competitivo. La lucha por la
53
legitimidad permite ampliar el potencial de estas funciones, complementándolas
con otras donde el vínculo social sea más transparente. Para que
eso ocurra, la universidad debe dotarse de condiciones adecuadas tanto
financieras como institucionales. Contrariamente a lo que hace creer el
capitalismo educativo, las deficiencias en el desempeño de la responsabilidad
social de la universidad no se generan en el exceso de autonomía sino
por el contrario por la falta de ella y de los medios financieros adecuados.
El Estado y la sociedad no pueden reclamar nuevas funciones de la universidad
cuando la asfixia financiera, no le permite desempeñar siquiera sus
funciones más tradicionales.27
Una vez creadas las condiciones, la universidad debe ser motivada para
asumir formas más densas de responsabilidad social, pero no debe ser solamente
entendida de manera funcionalista en este sentido. La responsabilidad social
de la universidad debe ser asumida por la universidad aceptando ser permeable
a las demandas sociales, especialmente aquellas originadas en grupos sociales
que no tienen el poder para imponerlas. La autonomía universitaria y la libertad
académica –que en el pasado fueron esgrimidas para desresponsabilizar
socialmente la universidad– asumen ahora una nueva importancia, puesto que
solamente ellas pueden garantizar una respuesta entusiasta y creativa frente a
los desafíos de la responsabilidad social. Puesto que la sociedad no es una abstracción,
esos desafíos son contextuales en función de la región, el lugar y por
lo tanto, no pueden ser enfrentados con medidas generales y rígidas.
Crear una nueva institucionalidad
La quinta gran área de reforma democrática y emancipadora de la universidad
pública tiene relación con el campo institucional. Dije antes que la
27 La gravedad de la asfixia financiera es potenciada por el hecho de que la universidad, en
general, no administra bien los recursos financieros y humanos de que actualmente dispone.
Uno de los aspectos centrarles de la reforma será la apuesta por la maximización de
estos recursos. Por ejemplo ¿por qué en Portugal son raras las universidades públicas que
ofrecen cursos nocturnos cuando en las privadas eso es una práctica corriente?
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
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54
virulencia y lo sobresaliente de la crisis institucional residen en el hecho de
que ella condensó la agudización de las crisis de hegemonía y legitimidad.
Por eso me concentré hasta ahora en esas dos crisis. Luego defendí que la
reforma de la universidad debe centrarse en el asunto de la legitimidad. De
hecho, la pérdida de hegemonía parece irremediable no sólo por el surgimiento
de muchas otras instituciones, sino también por el aumento de la
segmentación interna de la red de universidades, al nivel nacional o global.
La universidad no es hoy la organización única que fue y su heterogeneidad
vuelve más difícil identificar lo que es.28 Los procesos de globalización
hacen más visible esa heterogeneidad y la intensifican. Lo que queda de la
hegemonía de la universidad se debe al hecho de que es un espacio público
donde el debate y la crítica sobre el largo plazo de las sociedades se pueden
realizar con menos restricciones que en el resto de la sociedad. Este asunto
de le hegemonía es demasiado irrelevante en las sociedades capitalistas de
hoy para poder sustentar la legitimidad de la universidad. Es por esto que
la reforma institucional debe centrase en esta última.
La reforma institucional que aquí propongo está orientada a fortalecer
la legitimidad de la universidad pública en un contexto de globalización
neoliberal de la educación y para fortalecer la posibilidad de una globalización
alternativa. Las principales áreas de esta reforma institucional
pueden resumirse en las siguientes ideas: red, democratización interna y
externa y evaluación participativa.
a. Red
La primera idea es la red nacional de universidades públicas. En casi todos
los países hay asociaciones de universidades pero tales asociaciones están
muy lejos de constituir una red. En la mayoría de los casos son solamente
grupos de presión que reivindican colectivamente beneficios de los que
individualmente se apropian. Más allá de esto, propongo que el bien público
de la universidad pase a ser producido en red, lo que significa que nin-
28 De ahí la importancia de la lucha por la definición de universidad que referí antes.
55
guno de nosotros en la red puede asegurar por sí mismo cualquiera de las
funciones en que se traduce ese bien público, ya sea la de producción de
conocimiento, la formación de grado y de postgrado o la extensión. Esto
implica una revolución institucional y una revolución en las mentalidades,29
las universidades fueron diseñadas institucionalmente para funcionar como
entidades autónomas y autosuficientes. La cultura de la autonomía universitaria
y de la libertad académica, a pesar de ser esgrimida públicamente en
nombre de la universidad contra actores externos, ha sido frecuentemente
utilizada al interior del sistema universitario para contraponer universidad
contra universidad. Donde existe, la competencia por el ranking incentiva
la separación y como este está hecho a partir de las desigualdades existentes
entre universidades en un momento dado y sin ninguna medida
compensatoria, tiende a agudizar aún más el tope de la pirámide, profundizando
así, la segmentación y la heterogeneidad.30
Si se hace la reforma como propongo, en el sentido de fortalecer la
universidad pública en su conjunto, de modo de calificarla para discutir los
términos de su inserción en la globalización de la universidad, la construcción
de una masa crítica es una precondición y ésta sólo se obtiene en la
mayoría de los países cuando se suman y se aúnan los recursos, se buscan
sinergias y se maximiza el desempeño funcional a partir de las diferentes
contribuciones que los diferentes componentes de la red pueden dar. Así,
la construcción de la red pública implica compartir recursos y equipamientos,
la movilidad de docentes y estudiantes al interior de las redes y
una estandarización mínima de planes de curso, organización del año escolar
y de los sistemas de evaluación. Nada de esto debe eliminar las
especificidades con que cada universidad pretende responder al contexto
29 Tal vez por eso sea necesario programar procesos de transición que garanticen un pasaje
intergeneracional, porque es de prever que las generaciones más adultas (y con más poder
hoy) se resistan a cualquier cambio en este sentido.
30 La idea de establecer ranking no es en sí negativa, todo depende de los criterios que lo
definen y del modo, transparente o no, como estos sean aplicados. En el marco de la reforma
que propongo las jerarquías deberían servir especialmente para estimular el desempeño
de las redes.
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local o regional en el que está inserta. Por el contrario, esa especificidad al
ser mantenida, puede valorarse mucho más al interior de la red. La red
busca entonces fortalecer la universidad en su conjunto al crear más
polivalencia y descentralización.
No se trata de llevar las universidades de excelencia a compartir de tal
modo sus recursos que se ponga en riesgo esa misma excelencia; al contrario,
se trata de multiplicar el número de universidades de excelencia dando a
cada una la posibilidad de desarrollar su nicho potencial con ayuda de las
demás. En oposición a lo que comúnmente se piensa, en un contexto de
globalización neoliberal, la concentración de la investigación y del postgrado
en pocas universidades o centros de excelencia expone a la universidad pública
a grandes vulnerabilidades, especialmente en los países periféricos y
semiperiféricos. Como mencioné antes, esas universidades, inclusive las
mejores, son presa fácil de las universidades globales de los países centrales
y lo serán entre más aisladas y desconectadas estén.
La reforma orientada a una globalización solidaria de la universidad como
bien público tiene que partir de la solidaridad y de la cooperación al interior
de la red nacional de universidades; esta red nacional debe estar desde el
comienzo transnacionalizada, es decir, debe integrar universidades extranjeras
interesadas en formas de transnacionalización no mercantil. Obviamente
que esas relaciones –llamadas hoy “relaciones internacionales”– ya existen;
sólo que deben ser intensificadas hasta el punto que sean tan constitutivas de
la red, que dejen de ser consideradas externas o apéndices.
La reforma debe promover la constitución de la red, pero la red no se
decreta; es necesario crear una cultura de red en las universidades y esto no
es una tarea fácil. Porque ni siquiera en el interior de la misma universidad
ha sido posible crear una verdadera red. Esta cultura no se crea de un momento
a otro. Tal vez sea posible crearla de una generación a otra y el
impulso para constituirla dependerá en buena medida de la percepción que
se tenga, de que sin red, una universidad pública sucumbirá sin gloria alguna
en el mercado y la transnacionalización del comercio de la educación
superior. Cuando la red se convierte en un asunto de supervivencia, la universidad
deberá considerarlo como un asunto de principio.
57
Una vez creada la red, su desarrollo está sujeto a tres principios básicos
de acción: densificar, democratizar y cualificar. La teoría de las redes provee
hoy pistas valiosas a las organizaciones. Pueden ser multinivel o
multiescalares, deben fomentar la formación de módulos (clusters) y en general,
promover el crecimiento de la multiconectividad entre las universidades,
los centros de investigación y de extensión, los programas de divulgación
y de publicación del conocimiento.
La organización de las universidades en el interior de la red debe ser
orientada para hacer viable e incentivar la consecución de los cuatro campos
de legitimación: acceso, extensión, investigación-acción y ecología de
saberes. Además de eso, debe facilitar la adaptación de la universidad a las
transformaciones que están ocurriendo en la producción del conocimiento.
El modelo de institucionalidad que hoy domina, fue moldeado por el
conocimiento universitario y no se adecua al conocimiento pluriuniversitario.
El pasaje, como vimos, es del conocimiento disciplinar hacia el
conocimiento transdisciplinar; de los circuitos de producción hacia circuitos
abiertos; de la homogeneidad de los lugares y actores, a la heterogeneidad;
de la descontextualización social hacia la contextualización; de la aplicación
técnica y comercial a la aplicación socialmente edificante y solidaria.
Esta transición es más evidente en los países centrales y es también detectable
en los países periféricos y semiperiféricos; si bien en estos últimos el pasaje
no es autónomo sino heterónomo y en el peor de los casos, resultado de
imposiciones de las agencias financieras internacionales. En la fase de transición
en la que nos encontramos, los dos tipos de conocimiento coexisten
y el diseño institucional debe ser suficientemente dúctil para albergarlos a
ambos y para posibilitar que el conocimiento pluriuniversitario no sea
contextualizado únicamente por el mercado, y por el contrario, sea puesto
al servicio del interés público, de la ciudadanía activa y de la construcción
de alternativas solidarias y de largo plazo.
Los cambios institucionales no van a ser fáciles, pero estos son el único
medio para resistir con éxito a las enormes presiones, que procuran alinear
la organización y la gestión de las universidades con el modelo neoliberal
de sociedad. El supuesto de las reformas que propongo, es que el Estado
reformista le brinde a la universidad las condiciones para resistir a tales
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presiones. Claro que si fuera el mismo Estado quien presiona para la
empresarialización de la universidad, entonces le compete a ésta resistirse a
la reforma del Estado.
El modelo convencional de conocimiento universitario domina hoy
todavía los cursos de grado, pero sufre una creciente interferencia en el
conocimiento pluriuniversitario a nivel de postgrado y de investigación. El
hecho de que las unidades orgánicas tradicionales hayan sido moldeadas
por el modelo universitario, explica en buena parte la resistencia a conceder
al postgrado y a la investigación, la centralidad que deben tener en las
próximas décadas. Es necesario entonces, crear otras unidades orgánicas
transfacultades y transdepartamentales que además, pueden estar articuladas
a la red y no exclusivamente en una de las universidades que la integran.
Uno de los objetivos centrales de las nuevas unidades, debe ser la
búsqueda de una mayor integración entre los postgrados y los programas
de investigación.
b. Democracia interna y externa
Además de la creación de la red, la nueva institucionalidad debe tener como
objetivo, la profundización de la democracia interna y externa de la universidad.
Cuando se habla de democratización de la universidad debemos tener
en mente la cuestión del acceso y el fin de las discriminaciones que la limitan.
Pero la democratización de las universidades incluye también otras
dimensiones. En tiempos recientes, la democratización externa de la universidad
ha sido un importante tema de debate. La idea de la democratización
externa se confunde con la responsabilización social de la universidad, porque
lo que está en debate, es la creación de un vínculo político orgánico
entre la universidad y la sociedad, que ponga fin al aislamiento de la universidad
que en los últimos años se volvió un anatema, considerado como
manifestación de elitismo, de corporativismo, de encerramiento en su torre
de marfil, etc. Apelar a la democracia externa es una ambigüedad porque
ésta es realizada por grupos sociales diferentes con intereses contradictorios.
Por un lado, el requerimiento viene del mercado educativo que invoca
el déficit democrático de la universidad o para justificar la necesidad de
59
ampliar el acceso a la universidad, lo que es posible mediante la privatización
de la universidad, o para defender una mayor cercanía entre la universidad
y la industria. En estos casos, la democratización externa implica una nueva
relación de la universidad con el mundo de los negocios, y en última instancia,
la transformación de la universidad en un negocio.
Por otro lado, la demanda para la democratización externa proviene
de fuerzas sociales progresistas interesadas en la transición desde el modelo
universitario al modelo pluriuniversitario; estas fuerzas proceden, sobre
todo, de grupos históricamente excluidos que reivindican hoy la democratización
de la universidad pública. El modelo pluriuniversitario, al asumir
la contextualización del conocimiento y la participación de ciudadanos y
comunidades en tanto usuarios y coproductores de conocimiento, orienta
a que esa participación y contextualización estén sujetas a reglas que hagan
más transparentes las relaciones entre la universidad y el medio social y
legitimen las decisiones tomadas en su ámbito.
Este segundo llamado a la democracia externa persigue de hecho,
neutralizar el primero, es decir, la privatización de la universidad. La demanda
por la privatización tuvo en la última década, un impacto enorme
en las universidades de muchos países, al punto que los investigadores
universitarios han perdido buena parte del control que tenían sobre las
agendas de investigación. El caso más relevante es la manera como se
definen hoy las prioridades de investigación en el campo de la salud, donde
las grandes enfermedades que afectan a gran parte de la población del
mundo no forman parte de las prioridades de investigación. A partir del
momento en que los mecanismos de autorregulación de la comunidad
científica pasan a estar dependientes de los centros de poder económico,
solamente una presión democrática externa podrá llevar a que los temas
sin interés comercial, pero de gran impacto social, entren en las agendas
de investigación.
La necesidad de una nueva institucionalidad de democracia externa
es fundamental para tornar transparentes, mensurables, regulables y
compatibles las presiones sociales sobre las funciones de la universidad.
Y sobre todo para debatir en el espacio público de la universidad y tor-
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
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60
narlas objeto de decisiones democráticas. Esta es una de las vías de democracia
participativa necesarias para la nueva base de legitimidad de la
universidad.
Articulada con la democracia externa, está la democracia interna. Este
fue un tema destacado en los países centrales en la década de 1960 y todos
los países que pasaron por períodos de dictadura, introdujeron en la segunda
mitad del Siglo XX formas de gobierno democrático en la universidad, después
del derrocamiento de la dictadura. La presión empresarial sobre la
universidad comenzó a hacer un ataque sistemático a esa democracia interna;
la razón era obvia: el funcionalismo de la universidad al servicio del
capital exige la proletarización de los docentes e investigadores y esto no
ocurre si se mantienen activos los mecanismos de democracia interna, ya
que ellos sustentan la libertad académica que bloquea el paso a la
proletarización. Esto es solamente alcanzable a partir de un modelo de
gestión y de organización empresarial, con profesionalización de las funciones
y una estricta separación entre administración por un lado, y docencia
e investigación por el otro.
La democracia externa propuesta por el capital es, así, fuertemente hostil
con la democracia interna. No sucede lo mismo con la democracia externa
de origen comunitaria y solidaria. Por el contrario, la democracia interna
puede potenciar la democracia externa y viceversa. Frente a esto, la reforma
de la universidad como bien público debe defender la democracia interna de
la universidad por el valor que tiene en sí misma, pero también para evitar
que la democracia externa sea reducida a las relaciones universidad-industria.
La democracia externa puede concretizarse por ejemplo, a través de
consejos sociales, social y culturalmente diversos, con participación asentada
en la relevancia social y no en las contribuciones financieras, definidas a nivel
territorial (local, regional), sectorial, clasista, racial, sexual. La participación
en los órganos de democracia interna deberá así ser informada por los principios
de acción afirmativa, incorporando a los consejos, los grupos y los
intereses sociales hasta ahora más distantes de la universidad. Lo importante
es que los consejos no sean una mera fachada, y para esto, más allá de sus
funciones consultivas, deben tener participación en los procesos de democracia
participativa que sean adoptados en el interior de la universidad.
61
c. Evaluación participativa
Finalmente, la nueva institucionalidad debe incluir un nuevo sistema de
evaluación que incluya a cada una de las universidades y a la red universitaria
en su conjunto. En ambos casos, deben adoptarse mecanismos de
autoevaluación y de heteroevaluación.
Los criterios de evaluación deben ser congruentes con los objetivos de
la reforma indicados anteriormente, especialmente relacionados con las
tareas de legitimación y con la valoración de las transformaciones en la
producción y distribución del conocimiento y sus relaciones con las nuevas
alternativas pedagógicas. Esto significa que el desempeño de los docentes y
de las unidades orgánicas debe ser visto también a la luz de estos criterios.
También aquí hay que tomar la opción entre una evaluación tecnocrática y
una evaluación tecnodemocrática o participativa. La primera es hoy fuertemente
recomendada por el capital educativo transnacional. Se trata de
una evaluación cuantitativa, externa, del trabajo de los docentes o del trabajo
de investigación, dejando afuera el desempeño de cualquier otra función,
especialmente las de extensión, por más relevantes que sen en el plano
social. En el caso de la investigación, se centra en lo que es más fácilmente
cuantificable a través de técnicas bibliométricas que diferencian tipos y lugares
de publicación o de impacto de las publicaciones medido por índices
de citación. En las áreas de extensión, que son más difícilmente
cuantificables, se ha realizado muy poca evaluación y cuando ocurre, se
tiende a privilegiar la relación universidad-industria, centrándose en criterios
cuantitativos, por ejemplo, como el número de patentes.
La fijación de criterios a través de los mecanismos de democracia interna
y externa, es fundamental, toda vez que ellos definen el valor del
retorno de las diferentes actividades universitarias. La universidad no debe
promover modelos idénticos en la actividad docente, pero sí modelos diferenciados
que valoren las competencias específicas de cada grupo de docentes,
garantizando una calidad mínima dentro de cada modelo o vertiente.
Esto permite ampliar el retorno social de la universidad e introducir
incentivos internos para nuevas actividades, sirve como escudo contra la
presión unilateral de incentivos mercantiles. Los modelos de evaluación
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participativa tornan posible la emergencia de criterios de evaluación interna
suficientemente consolidados para ser medidos por los criterios de evaluación
externa. Los principios de autogestión, autolegislación y autovigilancia
tornan posible que los procesos de evaluación sean también procesos
de aprendizaje político y de construcción de autonomías de los actores y de
las instituciones. Solamente estos principios garantizan que la autoevaluación
participativa no se transforme en una autocontemplación narcisista o en
intercambio de favores evaluativos.
Regular el sector universitario privado
La reforma de la universidad como bien público que acabo de delinear no
será viable si los principios que la orientan, no están acompañados de dos
decisiones políticas: una tiene que ver con la regulación de la educación
superior privada, y la otra con la posición de los gobiernos frente al GATS
en el campo de la educación transnacionalizada. Paso a tratar brevemente
cada una de ellas.
a. La universidad privada
En cuanto a la universidad privada, y partiendo del principio de que la universidad
es un bien público, el gran interrogante es saber en qué condiciones
un bien público puede ser producido por una entidad privada. Antes mencioné
al sector privado como consumidor de servicios universitarios, paso
ahora a centrarme en el sector privado como productor. Es un sector internamente
muy diferenciado; algunos productores de servicios son muy antiguos,
mientras otros, la gran mayoría, han surgido en las dos últimas décadas.
Algunos de ellos tienen objetivos cooperativos y solidarios, no lucrativos;
pero la gran mayoría actual busca fines lucrativos. Algunos son verdaderas
universidades, pero la gran mayoría no lo es, y en los peores casos, son fábricas
de diplomas-basura. Algunos son universidades con excelencia en las áreas
de postgrado y de investigación; mientras otros hasta llegan a estar bajo sospecha
de ser fachadas para el lavado de dinero y el tráfico de armas.
63
El modo como se constituyó este sector privado de educación superior
diverge de país a país. En los países periféricos y semiperiféricos donde
había un sector público universitario, el desarrollo del sector privado se
asentó en tres decisiones políticas: estancar la expansión del sector público
a través de la crisis financiera; degradar los salarios de los profesores universitarios
con el fin de forzarlos a buscar empleo parcial en el sector privado,
31 actuar con una negligencia benigna y premeditada en la regulación
del sector privado, permitiéndole que se desarrolle con un mínimo de restricciones.
De este modo, el sector privado se ahorró la formación de sus
propios cuadros, aprovechándose de todo el conocimiento y formación
producidos por la universidad pública. Esto significó una masiva transferencia
de recursos de la universidad pública hacia las nuevas universidades
privadas, una transferencia de tal tamaño y tan salvaje, que es legítimo concebirla
como proceso de acumulación primitiva por parte del capital universitario
con la consiguiente descapitalización y desarticulación de la universidad
pública. Siendo así, la primera señal del verdadero objetivo de una
reforma de la universidad pública estará dada por el modo como en esa
reforma (o fuera de ella) se posicione el Estado frente a las universidades
privadas. Si el Estado asume una actitud cómplice con lo que pasa en estas
últimas, las universidades públicas podrán concluir sin más que la reforma
se hace en contra de ellas, debiendo extraer las debidas inferencias. Naturalmente,
los adeptos al credo neoliberal exigirán igualdad entre el sector
público y el sector privado, una exigencia que evidentemente no hicieron
cuando se creó el sector privado. El tratamiento preferencial que al reforma
debe dar a la universidad pública no se apoya solamente en el hecho de
que la universidad pública realiza funciones de interés público, que por
definición no pueden ser realizadas en el mercado de diplomas universitarios.
Se apoya todavía en la necesidad de corregir algunos defectos de la
competencia desleal y de la apropiación indebida de recursos de la que ha
sido víctima la universidad pública en las dos últimas décadas.
31 En el caso de Brasil, otro factor fue permitir la jubilación precoz, con salario integral, en las
universidades públicas.
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Frente a esto, la reforma de la universidad como bien público se debe
basar en este principio fundamental: compete al Estado fomentar la universidad
pública y no le compete fomentar la universidad privada; la relación
del Estado con esta última debe ser cualitativamente diferente: una
relación de regulación y de fiscalización. En un período de austeridad financiera,
no se justifica que los fondos públicos sean canalizados para el
sector privado. A su vez la regulación de la universidad privada debe ser
tanto indirecta como directa. La regulación indirecta ocurre con la expansión
y cualificación de la universidad pública influyendo sobre la disminución
del negocio universitario rentable. La situación diverge de país a país,
pero en general, con excepción de Estados Unidos, el sector privado ocupa
la base de la pirámide de calidad y no el tope.
La regulación directa del mercado universitario se hace con el aumento
de las condiciones de autorización y acreditación en combinación con la
evaluación de resultados. La acreditación debe estar sujeta a la renovación
y la evaluación debe seguir los criterios de evaluación de las universidades
públicas. De be evitarse a toda costa el dumping social de la formación universitaria,
una situación inminente en sectores saturados del mercado (por
ejemplo, las carreras de derecho y de administración) y casi siempre concentrados
en las regiones de mayor densidad poblacional.
La regulación estatal del mercado universitario es un tema polémico y
políticamente sensible por dos razones principales. En primer lugar, el sector
privado creció descontroladamente y tiene hoy un poder político excesivo
en relación con lo que podría originarse en la calidad de los servicios
que presta. Este poder político es potenciado pro la acción de las agencias
financieras internacionales que promueven la transnacionalización de los
servicios de educación superior, ya que ella se apoya en un mercado que se
quiere hacer de forma desregulada. En segundo lugar, el sector privado,
cuando ocupa la base de la pirámide de calidad, tiende a prestar servicios a
los hijos de las clases trabajadoras y a los grupos sociales discriminados.32
32 El caso brasileño presenta una particularidad en este campo, en la medida en que las instituciones
privadas también son frecuentadas por un grupo significativo de clase media, en
general son personas ya empleadas, con un nivel relativamente elevado de ingresos.
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Estos se transforman fácilmente en un arma de apoyo contra la exigencia
regulatoria.
La manera de avanzar es a través de un contrato social, siempre y cuando
los actores involucrados acepten los principios políticos que orientan la
contratación. Se trata de un contrato diferente del que se ha establecido
con las universidades públicas. En el caso de las universidades privadas con
fines lucrativos, el contrato será exigido en razón de la naturaleza de los
servicios prestados y el carácter mercantil de su prestación. En el caso de
las universidades privadas comprobadamente sin fines lucrativos, el contrato
social educativo tiene que ser diferente, combinándose lo que está en
vigor para el sector público y lo que está en vigor para el sector privado no
lucrativo.
b. El Estado y la transnacionalización del mercado
de la educación superior
El último principio de la reforma de la universidad como bien público,
resulta del análisis que hice sobre la polarización entre globalizaciones contrapuestas
que están caracterizando hoy las relaciones internacionales.
Consiste en fomentar e intensificar las formas de cooperación transnacional
que ya existen y multiplicarlas en el marco de acuerdos bilaterales o
multilaterales siguiendo principios de beneficio mutuo y por fuera del marco
de regímenes comerciales. Es este el sentido de la globalización alternativa
en el área de la universidad. Por razones diversas, merecen reflexión los
ejemplos mencionados antes de la Unión Europea y de África del Sur. En
los países periféricos y semiperiféricos se deben buscar sinergias regionales
porque en esta escala la densificación de las redes hace más fácil y más
eficaz la lucha contra la globalización neoliberal de la universidad. En el
caso de los países de lengua oficial portuguesa, la Comunidad de los Países
de Lengua Portuguesa (CPLP) es un espacio multilateral con un enorme
potencial para la transnacionalización cooperativa y solidaria de la universidad.
A los países semiperiféricos de este espacio, Brasil y Portugal, les corresponde
la iniciativa de dar los primeros pasos en esta dirección: cursos
de grado y postgrado en red, circulación fácil y estimulada de profesores,
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estudiantes, libros e informaciones, bibliotecas on line, centros transnacionales
de investigación sobre temas de interés específico para la región, sistemas
de bolsas de estudios y líneas de financiamiento de investigación
destinadas a estudiantes y profesores interesados en estudiar o investigar
en cualquier país de la región, etc. Este espacio regional debe articularse
con el Mercosur y en general con América Latina, correspondiendo a Brasil
y Portugal su articulación con España y con países latinoamericanos y
africanos para la realización de este proyecto. Esta es una alternativa exigente
pero realista, fuera de la cual no será posible para ningún país de esta
región resistir individualmente a la avalancha de la mercantilización global
de la educación.33
Conclusión
La universidad en el siglo XXI será seguramente menos hegemónica, pero
no menos necesaria de lo que fue en siglos anteriores. Su especificidad en
cuanto bien público reside en ser la institución que liga el presente con el
mediano y el largo plazo por los conocimientos y por la formación que
produce y por el espacio público privilegiado para la discusión abierta y
crítica que constituye. Por estas dos razones es un bien público sin aliados
fuertes. A muchos no les interesa el largo plazo y otros tienen poder suficiente
para poner bajo sospecha a quien se atreve a sospechar de ellos criticando
sus intereses.
La universidad pública es entonces un bien público permanentemente
amenazado, pero no hay que pensar que la amenaza proviene solamente
del exterior, porque ella proviene también del interior. Es posible que en
este texto haya hecho sobresalir más las amenazas externas que las internas.
Al contrario, en mi primer trabajo sobre la universidad mencionado en la
33 La brillante diplomacia brasileña de los dos últimos años abre aún otras opciones en la
construcción de las redes. Me refiero a las redes entre los tres países semiperiféricos que
han venido luchando por una mayor justicia social en las relaciones Norte/Sur: Brasil, India
y África del Sur.
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introducción, di una mayor atención a la amenaza interna. La razón de esta
inflexión en el énfasis se debe al hecho de que los factores de amenaza
interna antes identificados, están potenciados hoy a través de una perversa
interacción, que escapa a muchos, con los factores de amenaza externa.
Estoy más consciente que nunca que una universidad en ostracismo social
por su elitismo y corporativismo, y paralizada por la incapacidad de
autointerrogarse de la misma forma en que ella interroga a la sociedad es
presa fácil de los seguidores de la globalización neoliberal. Es por eso que
la emergencia de un mercado universitario, primero nacional y ahora
transnacionalizado, torna más evidentes las vulnerabilidades de la universidad
pública y constituye una seria amenaza al bien público que produce o
debería producir.
La conjunción de factores de amenaza interna y de factores de amenaza
externa está bien patente en la evaluación de la capacidad de la universidad
para pensar el largo plazo, tal vez su característica más distintiva. Quien
trabaja hoy en la universidad sabe que las tareas universitarias están dominadas
por el corto plazo, por las urgencias del presupuesto, la competencia
entre facultades, el empleo de los licenciados, etc. En la gestión de estas
urgencias, florecen tipos de profesores y de conductas que poca utilidad y
relevancia tendrían si en vez de urgencias, fuese necesario identificar y potenciar
las emergencias donde se anuncia el largo plazo. Este estado de
cosas, que se debe ciertamente a una pluralidad de factores, no puede con
todo dejar de ser pensando en conjunción con las señales que poderosos
actores sociales van dando desde el exterior de la universidad. ¿Cuál es el
retorno social de pensar el largo plazo, de disponer de espacios públicos de
pensamiento crítico e incluso para la producción de conocimiento más allá
del exigido por el mercado? En la lógica del Banco Mundial la respuesta es
obvia: el retorno es nulo, si existiese, sería peligros, y si no fuese peligros,
no sería sustentable, pues estaría sujeto a la competencia de los países centrales
que tienen en este dominio ventajas comparativas inequívocas. Si
esta lógica global y externa no encontrase terreno propicio para ser apropiada
local e internamente, no sería por cierto peligrosa.
La propuesta que presenté en este texto, está en las antípodas de esta
lógica global y externa, y procura crear las condiciones para que ésta no
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encuentre un terreno acogedor que facilite su apropiación interna y local
en cada universidad, y en cada una a su modo.
La universidad es un bien público íntimamente ligado al proyecto de
nación. El sentido público y cultural de este proyecto y su viabilidad, dependen
de la capacidad nacional para negociar de manera calificada, la inserción
de la universidad en los contextos de transnacionalización. En el caso
de la universidad y de la educación en general, esa cualificación es la condición
necesaria para no transformar la negociación en un acto de rendición
y con él, el fin de la universidad tal como la conocemos. No habrá rendición
si existen condiciones para una globalización solidaria y cooperativa
de la universidad.
Porque los aliados son pocos y los intereses hostiles al florecimiento de
la universidad pública tienen hoy mucho poder en el interior del Estado,
bajo la forma de actores mercantiles nacionales y transnacionales, bajo la
forma de agencias internacionales al servicio de unos y otros, la reforma de la
universidad como bien público tiene un significado que trasciende a la universidad.
Como procuré demostrar, la universidad en tanto bien público es
hoy un campo de enorme disputa. Más o menos lo mismo sucede con el
Estado. La dirección que tome la reforma de la universidad será la dirección
que tome la reforma del Estado. De hecho, la disputa es una sola, algo que
los universitarios y los responsables políticos deben tener siempre presente.
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