ESTADO, SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD

LA IGUALDAD ES COGOBIERNO
Luis Tapia
I
Hay ideas filosóficas de igualdad, hay ideas políticas de igualdad, por lo general las ideas políticas contienen ideas filosóficas sobre la igualdad. La igualdad puede ser pensada como una idea regulativa, como una condición de posibilidad, como una condición política, se la puede pensar como un fin, y también como un principio organizador. En este breve trabajo, se trata de reflexionar sobre dos de las principales maneras de haberse planteado la igualdad en la historia moderna y contemporánea, y, a la vez, pensar algunos retos presentes a partir de las tendencias que se están desplegando, en particular en el continente latinoamericano, y especialmente en países con alta heterogeneidad estructural y diversidad cultural.
Se podría decir que la igualdad social fue una idea regulativa, en principio, la finalidad del socialismo como proyecto histórico de reforma y reorganización de las sociedades modernas. Por otro lado, la democracia se inventa como la forma de gobierno cuya finalidad sería producir un nuevo grado de igualdad social a través de la introducción del principio de la igualdad política en el proceso del gobierno. En este sentido, la igualdad política es un principio organizador de la vida política que se opera con la finalidad de la igualdad social; de hecho, la igualdad política se utiliza como un principio reorganizador de la vida política cuando algunas comunidades sintieron que el proceso de diferenciación
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social había avanzado lo suficiente, de tal manera que ya existe un grado de desigualdad significativo que acaba afectando la misma constitución de la sociedad.
La invención de la democracia es más antigua que la del socialismo que, en rigor, es una idea moderna. La reaparición de la democracia como proyecto de forma de gobierno, y, aún más, como proceso de reforma del estado que efectivamente redistribuye de alguna manera o limita el poder político monopólico, es algo que de manera más extensiva ha sido producto, también, de la constitución del movimiento obrero como sujeto político.
En relación a la democracia cabe discutir si es más importante el proceso de ampliación de la igualdad de derechos que la introducción de un principio representativo. Esto modifica el lugar y el peso del movimiento obrero en esta historia. Con esto no quiero decir que éstos sean los dos criterios en torno a los cuales cabe juzgar de manera central la democracia como un todo; sólo quiero tomarlos como un punto de partida para hacer una serie de relaciones críticas.
La representación en la vieja forma de organizar la democracia era más bien lo que se podría llamar el principio aristocrático, así lo plantearon algunos de los pensadores antiguos. En el proceso de configuración del estado moderno la representación inicialmente también está ligada a la disputa entre diferentes grupos de monopolio del poder –un proceso de disputa y paulatina sustitución en los casos de reforma y además de súbita sustitución en los procesos de revolución– entre la tradicional aristocracia feudal y las nuevas oligarquías de la propiedad y las formas más o menos modernas de organización de los procesos productivos. La representación es introducida como uno de los principios organizadores de los estados modernos, no de una manera ligada al principio de igualdad, mucho menos de igualdad universal, sino más bien ligada a la idea de que se representa a aquel que tiene propiedad. En principio es una forma corporativa de control de los soberanos en los procesos de formación de las monarquías absolutas, como modalidad primera de constitución de los estados modernos; luego como una forma de gobierno colectivo de la clase dominante. La represen157
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tación feudal es transformada en un principio de representación moderna en los nuevos estados, de una manera desligada de idea de la igualdad política general.
Hay un segundo momento importante, saltando algunos intermedios, en el que se produce una reforma dentro del mismo espacio de la representación no democrática, constitutiva del estado moderno. Se trata del proceso de ampliación de la ciudadanía en el seno de los estados modernos, hacia el horizonte de lo que se llama sufragio universal, es decir, la ampliación de la igualdad política en una de las dimensiones de la vida política, que es aquella que tiene que ver con el derecho de elegir a los gobernantes y, con el tiempo, también con el poder de ser elegido. Si la introducción de una representación reformada es un asunto de liberales, en parte, y burgueses contra aristócratas, la introducción de la igualdad política como ampliación de la ciudadanía es algo que sobre todo ha sido promovido por el proceso de constitución del movimiento obrero en el siglo xix. En este sentido, el movimiento obrero es una fuerza constitutiva del proceso por el cual los estados modernos se reforman democratizándose o incorporando algún grado de democracia política, como parte del conjunto de las instituciones del estado.
Aquí cabe recordar que los estados modernos no nacen con características democráticas, en la mayor parte de los casos. Incluso el liberalismo, que hoy se presenta como el sinónimo de la doctrina de la democracia, en sus primeras versiones y por un largo tiempo tampoco es democrático; por lo general, se resistieron a las demandas de universalización de la condición ciudadana en base a la igualdad universal.
De manera más o menos paralela, aunque con cierto grado de carácter posterior, los movimientos obreros también fueron incorporando el socialismo como parte de su proceso de formación como clase social y de la constitución de su horizonte de proyecto, en diferentes versiones que mantuvieron entre sí fuertes polémicas durante el siglo xix y el siglo xx. Es sintomático que una de las primeras formas de nombrar la organización como partido de las clases obreras, fue la de partido socialdemócrata. Perece que ahí
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estaba todavía presente la conciencia de que el movimiento obrero, la clase obrera, era una de las fuerzas constitutivas del grado de democratización que se va introduciendo en los estados modernos, y que también, sería uno de los componentes de la forma de organización política post revolucionaria, en algunos casos, o la forma de transitar hacia una creciente igualdad social a través de un proceso paulatino de reformas; es esta forma o el destino de una de las vertientes que precisamente continuó llamándose socialdemocracia.
La otra fracción de los movimientos obreros y socialistas empezó más bien a contraponer democracia como algo propio de la burguesía, es decir, la forma burguesa y moderna de gobierno, frente a la alternativa socialista revolucionaria, sobre todo después de la revolución de octubre. Esto hizo que en esta vertiente de organizaciones socialistas se empiece más bien a desconocer o a tener una equivocada conciencia del papel que tuvo y seguirán teniendo después los movimientos obreros en los procesos de democratización de los estados modernos y su constitución como estados-nación, con mayores grados de integración aunque manteniendo estructuras clasistas de explotación y desigualdad.
El hecho de que la primera experiencia socialista haya sido producto de una revolución y que en el proceso haya sido derrotada la forma obrera de democracia, es decir, aquella de los concejos obreros o soviets, hizo que por un buen tiempo la democracia apareciera como la forma burguesa. Desde el siglo xix y más aún durante el siglo xx, en el seno de los movimientos obreros y socialistas se han desarrollado y contrapuesto dos visiones en el vínculo o articulación de socialismo y democracia. Por un lado, algunos han asociado democracia como un espacio político en el cual se participa a través de partidos y, en este sentido, es un espacio históricamente controlado y organizado de manera primordial por la burguesía. No está de más recordar que las formas más desarrolladas de partido moderno son aquellas que se han promovido desde el seno del movimiento obrero, es decir, aquellos partidos que han surgido del seno de los sindicatos con la finalidad de disputar el poder político en el seno de los espacios
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políticos de representación, en principio monopolizados por las organizaciones y representantes de la clase dominante.
Por el otro lado, otra parte de los movimientos obreros y socialistas, más bien ligaba democracia a participación a través de las formas de organización vinculadas al mundo del trabajo. La principal alternativa configurada a partir de esto es la que genéricamente se conoce como consejista, es decir, democracia política a partir y en los espacios de la fábrica y de la producción. Esta alternativa se despliega en el momento más alto de la revolución de octubre a través de los soviets de obreros y soldados, que luego son desorganizados y aplastados para producir la nueva forma de estructuración del poder político monopolizado en la Unión Soviética. La alternativa consejista también se despliega en varios procesos revolucionaros promovidos por trabajadores en Europa. Se ha mantenido a lo largo del siglo xx, por épocas, pero siempre como una posición minoritaria. Menciono esto para plantear algunos problemas y luego relacionar a como se vive esto sobre todo en la historia boliviana y a partir de ahí también bosquejar tendencias y algunas reflexiones más generales.
Por un lado, está la idea de concebir democracia como algo político que se finca en la separación entre lo político y lo económico; es en este sentido que la democracia puede ser representativa una vez que se ha despolitizado, por la fuerza y también simbólica e ideológicamente, el ámbito de la producción a través de extensivos procesos de privatización que Marx llamó acumulación primitiva. Es en este sentido que, sobre todo para los liberales, una vez que incorporan el discurso de la democracia en el seno del discurso previamente aristocrático, ligan democracia a representación. La representación es precisamente la reproducción de la separación de lo económico y lo político.
Por el otro lado, están las concepciones de democracia que más bien ligan, con fuerza, el ámbito de la producción y el de la política, tratan de establecer puentes entre ambos, pensando que uno de los modos en que se reproduce la desigualdad social y política es la separación entre lo económico y lo político, que históricamente opera a favor de la clase dominante. Es en este sen160
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tido que, siguiendo la pauta de que la organización político obrera parte de la organización como clase en los lugares de producción, la reorganización política de la sociedad debería mantener este fuerte vinculo entre organización en los ámbitos del mundo del trabajo y los procesos de gobierno global de una sociedad o país. En este sentido, la representación no es un principio organizador y algo en torno a lo cual se define el carácter democrático de la organización y del conjunto de instituciones de gobierno, aunque no es algo ausente en términos de articulación entre varios niveles.
Se puede pensar que uno de los límites históricos de las experiencias de socialismo organizadas según el modelo estatalista soviético, justamente tienen que ver con la desarticulación que tuvieron respecto de lo democrático. Lo que algunos llaman el fracaso del socialismo se debería a esta experiencia de socialización, o estatización más bien, sin democratización paralela; es así que en esta perspectiva cualquier posibilidad de relanzar el socialismo como proyecto hacia delante, implica pensar nuevamente sus relaciones con la democracia.
Por otro lado, también estamos experimentando desde hace ya bastante tiempo en América Latina, en particular entre las dos últimas décadas, los límites de la reorganización de los estados que estaban bajo forma dictatorial, a través de regímenes liberales de competencia política para la selección de gobernantes o lo que se suele llamar democracia liberal; es decir, los límites de este tipo de articulación entre mercados monopólicos de la propiedad y los monopolios del poder político a nivel estatal, a través de sistemas de partidos. que básicamente se organizan desde los núcleos del poder económico. Hay limitaciones históricas experimentadas desde los dos polos.
Por un lado, en la experiencia del modelo soviético –es paradójico que llamemos modelo soviético a algo que se montó justamente desbaratando la experiencia de los soviets o el momento más democrático de ese proyecto de socialismo– se tiende a reducir la separación entre estado y economía, entre política y producción, politizando de nuevo el ámbito del trabajo, pero desde la esfera estatal ampliamente dominada por un principio de organización
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y dirección de tipo burocrático, que no se caracteriza por ser un espacio de deliberación democrática.
Por el otro lado, en las experiencias de regímenes liberales en América Latina, la democracia básicamente se ha reducido a la faceta electoral –así aparece en la mayor parte de las constituciones del continente, en particular, la boliviana. El hecho de que estos sistemas llamados democráticos se organicen a través de sistemas de partidos, como ha venido ocurriendo desde el siglo xix– en combinación con una organización capitalista de la sociedad, ahora mucho más extendida en el momento liberal y mundializado, hace que el sistema de partidos que es un espacio que opera en el nivel de la separación de la política respecto de la producción, sin embargo opere como un espacio que tiende a ser reorganizado en torno a un conjunto de partidos que son financiados por los principales núcleos económicos o de la propiedad privada o del capital local y sus articulaciones transnacionales.
En la experiencia boliviana se ha visto con más fuerza cómo los partidos de empresarios se pueden montar en pocos meses para participar del gobierno político y de la promoción de sus intereses a través de estos mecanismos de representación, por lo tanto, de ingreso a las esferas legislativas y ejecutivas. La creación de partidos que representen a sectores populares y de trabajadores, más bien es resultado de un largo proceso de organización de muchos años que sólo en algunos casos lleva a que estos se constituyan en representantes de los trabajadores, y puedan disputar la representación en el legislativo y los poderes municipales. Sólo un largo tiempo proceso de acumulación de fuerzas y organización puede compensar el conjunto de recursos económicos que fácilmente pueden movilizar empresarios para competir políticamente y disputar su cuota de participación en el gobierno.
En la experiencia latinoamericana de las últimas décadas vemos dos cosas, que son las fuerzas que organizan y dinamizan con más peso los procesos políticos. Por un lado, en los procesos de transición de las dictaduras a las democracias se han reconfigurado sistemas de partidos, que por la época en que se dieron estuvieron fuertemente ligados a procesos de reforma estructural,
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o dicho de otro modo, a procesos de desmantelamiento de los estados-nación y del margen de regulación laboral y económica que históricamente se habían establecido. En este sentido, el resultado ha sido la configuración del sistema de partidos que ha tendido a expulsar a aquellos que representaban a trabajadores y, en algunos casos, indígenas y se han convertido por un buen tiempo en un espacio de competencia entre fracciones de la clase dominante; esto sobre todo allá donde han logrado derrotar temporalmente y desorganizar a sectores populares del movimiento obrero, que es el caso boliviano específicamente.
En algunos otros casos, como en la historia brasilera reciente, la transición a la democracia ha estado acompañada de un proceso ascendente de desarrollo de un partido de los trabajadores que, desde el inicio, ha participado de la transición y ha ido creciendo y aumentando su presencia política en la sociedad hasta convertirse en el partido con mayor apoyo electoral en el Brasil. La historia brasilera difiere de la boliviana en el sentido de que, en el periodo de traición, el Brasil no experimentaba la derrota de las organizaciones políticas obreras, sino que la transición ha sido paralela a crecimiento y al desarrollo del Partido de los Trabajadores (pt). También se podría decir que esa transición ha sido motivada y dinamizada, en significativa medida, por el desarrollo del pt. En el caso boliviano la transición, que se da en un periodo de intensa crisis política, económica y estatal, pasa por una fase de desorganización intensiva de las organizaciones obreras, y recién después de unos quince años se vuelve a experimentar un crecimiento electoral y presencia política de partidos de trabajadores.
En todo caso lo que aquí quería señalar es que en los procesos de democratización política del continente, en algunos países es también fuerte la presencia de organizaciones o de fuerzas obreras organizadas partidariamente, como he señalado el caso más explicito es del pt en el Brasil, cuya tendencia sigue hoy el Movimiento al Socialismo en Bolivia (mas). De un modo diferente se ha ido dando un proceso de crecimiento sostenido de la izquierda en el Uruguay que recientemente acaba de llegar a ser gobierno. En este caso el núcleo no son los sindicatos como ocurre en Bolivia y
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en Brasil, sino más bien los partidos políticos de izquierda. Estas son algunas cosas que están en la historia de América Latina y en la historia de la democracia y del socialismo hacia atrás.
Esta ha sido una larga introducción para discutir sólo algunos puntos que me interesan para poder proyectar en el tiempo una alternativa de articulación de socialismo y democracia, a partir de algunos aspectos que también están en la historia de algunos países, y en particular en la de Bolivia.
II
Me dirijo a discutir la idea de igualdad y democracia como cogobierno. Para esto empiezo discutiendo un par de cosas más que están en la historia y en las doctrinas políticas de manera más crítica. Una de ellas es la identificación de democracia con el principio de gobierno de mayoría, esta idea está fuertemente presente en la mayor parte de la tradición liberal de la política y de la teoría política, con la excepción de algunos proporcionalitas, en particular de aquellos que organizaron lo que se llama modelo consociacional o de poder compartido. La idea básica es que si se concibe que democracia es un método para elegir gobernantes, y esto se hace a través de un proceso de competencia política vía elecciones, la consecuencia sería entregar el gobierno o confiarlo a la mayoría. En el caso de presidencialismo, se asocia más fuerte la idea de que la mayoría electoral representa al conjunto del país, sin que éste necesariamente participe luego de los procesos de deliberación y gobierno cotidiano.
Una de las vertientes bastante importante de los movimientos socialistas y obreros, ha sostenido también de otro modo la idea de democracia como gobierno de la mayoría. El modo de argumentarla o fundamentarla es diferente: se piensa la democracia como un gobierno de la mayoría del pueblo que, a su vez, se concibe que es trabajador. Una de las modalidades de desarrollo de esto es la constitución de un partido de la clase obrera, que se convierte en partido del pueblo y , así, en tanto representante de la mayoría, debería hacerse cargo de la dirección del estado.
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Conocemos ya los resultados no democráticos de este modo de desarrollo de las cosas.
En ambos casos: el liberal y el socialista estatista de partido, en el que el partido se vuelve representante de la clase del pueblo en la sociedad, opera la idea de representación, aunque de diferentes modos. Para los liberales el partido gobernante no sólo representa a la mayoría electoral, sino que a través de ese artificio que es la selección de gobernantes a través del voto, se convierten también en representantes de todo el país, inclusive de aquellos que han votado en contra. Por el otro lado, el partido se vuelve representante de la clase, del pueblo y de la sociedad. Como vemos en la doctrina, pero sobre todo en la historia política, la idea de representar a la mayoría justamente funciona para evitar que ésta participe en los distintos espacios de la vida política, la deliberación, la toma de decisiones y, por lo tanto, en la dirección de los países.
En este sentido, podemos anotar que la democracia no consiste en representar a la mayoría o que gobiernen aquellos que representen la mayoría –cosa siempre discutible– sino en que realmente la mayoría y también las minorías participen en la vida política y en los procesos de gobierno. Lo paradójico a nivel del discurso, pero más fuerte al nivel de la experiencia histórica, es que las versiones socialistas que sostenían esta idea de la representación de la clase y el pueblo a través del partido se presentaban como versiones de democracia popular directa frente a la versión de la democracia representativa, cuando en el mismo discurso y en los hechos funciona más bien como un gobierno de representantes, que con el tiempo va perdiendo el carácter de representación ascendente de la clase y del pueblo y se va transformando en una representación auto atribuida de manera monopólica.
Con esto quiero decir que considero que la representación no es uno de los rasgos centrales difinitorios de lo democrático, sino más bien los de igualdad y participación, articuladas en otra serie de condiciones que hacen que la participación se vuelva democrática, ya que se puede participar en elecciones aristocráticas, o en procesos de constitución autoritaria del orden social. La participación de por sí no es democrática. En este sentido, hay grandes diferencias
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entre el modo antiguo de concebir la democracia y el modo liberal de fundamentarla. Antiguamente, la clave consistía en que igualdad política significaba igualdad y autonomía moral e intelectual en el momento de la participación en la vida pública, dicho de otro modo, la libertad política tiene como condición la igualdad política. Esta libertad concebida como autonomía en la vida política es algo que no es posible realizar de manera individual a través del proceso de representación, es algo que todavía es posible cuando se trata colectivos como, por ejemplo, la representación de una clase social, aunque, obviamente, todo proceso de representación de este tipo no acaba representando a todos los miembros de la clase, sino a algunos o la mayoría de ellos.
Paso a argumentar una interpretación redescripción de la experiencia antigua de la democracia, que no traiciona su espíritu, para articularla a algunas experiencias más modernas y contemporáneas que, a su vez, me permiten replantear la articulación entre igualdad, libertad, democracia, socialismo en las condiciones de países semicoloniales y multiculturales. En la antigua polis griega, el principio organizador de lo democrático o de la democracia como forma de gobierno, era la igualdad política en los momentos públicos de deliberación y, por lo tanto, de dirección de la sociedad. Los pocos cargos que eran elegidos mediante votación por candidatos daba lugar a responsabilidades que no se ejercían como representación de nadie, sino precisamente como responsabilidad individual encargada por la comunidad para hacerse cargo de la conducción militar, los gastos públicos y la ritualidad.
El otro ámbito amplio de selección y designación de tareas ejecutivas y legislativas se establecía mediante sorteo. A través de este método tampoco se constituían representantes, sino que se eligen individuos que tienen que responsabilizarse de manera individual por sus acciones en los espacios públicos, donde lo que está en juego es la definición y redefinición del bien común, a través de las leyes, de la aplicación de las mismas, de su modificación. En este sentido, los individuos participan en los cargos públicos, no como representantes de nadie sino como cogobernantes. La democracia, en su primera forma, implica cogobierno, y cogobierno
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entre personas o individuos, que es el rasgo más fuerte a pesar de que parte de la estructura de organización de la presencia política en el espacio público está organizada en base a las estructuras de filiación territorial.
Paso a argumentar como la democracia pensada en torno a la igualdad implica cogobierno, retomando algunos rasgos de estas experiencias históricas antiguas, algo de la historia moderna y algunos rasgos de la historia boliviana. Si la democracia tiene como principio organizador a la igualdad y, a la vez, se define democracia como una forma de gobierno, entonces la igualdad implica participar del gobierno y si se toma en serio la idea de igualdad, es decir, que mi participación o la participación de una persona vale igual que la de otra, entonces, esa participación implica cogobernar con otros. Otro rasgo de la igualdad democrática es pensar que todos somos iguales en tanto seres de razón en términos de nuestras capacidades para discutir lo común, en este sentido, todos estaríamos habilitados para participar de las deliberaciones de lo común.
El espacio democrático de deliberación sólo se configura y organiza a partir de este supuesto de la igualdad de todos en cuanto seres de razón y de palabra, pero también, por el carácter finito de esta racionalidad, la capacidad de conciencia y la imaginación de cada individuo. En este sentido, la forma de gobierno racional implica –como democracia– que la racionalidad que necesita y la hace operar es intersubjetiva y dialógica. Incluso la participación de todos no produce una racionalidad completa e infalible, por eso otro rasgo de lo democrático sería el proceso de auto-reforma o revisión, desarrollo. A partir de este supuesto de la finitud, se puede pensar que lo más racional es cogobernar, articular la razón compuesta por aquello que puede ser visto, explicado, imaginado por diferentes personas y, además, corregido en el dialogo que se puede sostener con las demás.
Por otro lado, si nos concebimos como seres sociales, es decir, interdependientes a través de nuestras relaciones e interacciones con los demás, la dirección de uno mismo tiende a convertirse también en un proceso intersubjetivo, algo que la persona tiene
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que realizar en ese conjunto de interacciones. En este sentido, uno también se cogobierna, a veces y por lo general, de una manera atravesada por tensiones, contradicciones, en tanto las acciones de otros y las determinaciones y condicionantes institucionales y estructurales no van en la misma dirección de los deseos y finalidades personales. En este sentido, el gobierno de sí mismo pasa por participar en la organización y dirección de aquellos conjuntos de relaciones sociales que tienden a gobernarnos de manera heterónoma. En este sentido, la autonomía individual o el gobierno de sí mismo es algo que tiene mejores condiciones de realización en espacios democratizados de lo público.
Una de las paradojas, o más bien contradicción, del pensamiento liberal es que, por un lado, fundamenta el conjunto de su doctrina en torno al individuo y la idea de la libertad y la racionalidad individual, que luego sirve para pensar la moral, la política y el orden social, pero, cuando está pensando la vida política, la forma de gobierno y el modo de organizarla parece más bien que ésta acaba prescindiendo de la libertad de la mayor parte de los individuos. Su diseño institucional sigue el camino de la concentración del poder, a través del principio de la representación, la sustitución o eliminación de la mayor parte de los individuos a favor del poder concentrado en unos pocos. Para los liberales gobiernan los representantes y sólo algunos de ellos, en rigor, no hay igualdad de poder.
Si la igualdad es un principio organizador de la forma de gobierno, para que esta sea democrática, es algo que debería atravesar todo el tiempo político y no sólo uno de sus momentos. La concepción liberal o los diseños institucionales que se derivan de ella piensan la igualdad en el momento de selección de los gobernantes –en el momento del voto– y también en el momento formal de la posibilidad de candidatear para ser elegido, pero luego el resultado de este momento de igualdad, –por así decirlo– es la distinción entre gobernantes y gobernados. Mientras existan estructuras sociales que producen gran desigualdad, en el momento electoral la igualdad tampoco es posible. Se podría decir que el momento de las elecciones o el proceso electoral es un momento
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pre-gubernamental, ya que no es el momento en que se está efectivamente gobernando y dirigiendo, sino seleccionando a quienes lo van hacer.
Quienes definen la democracia como un método de selección de gobernantes y, a la vez, la definen como una forma de gobierno están sosteniendo algo que no concuaza, en el sentido que pensarla como un método de elección la desplaza fuera del proceso de gobierno. Este tipo de concepción procedimental y mínima de la democracia acaba incumpliendo el objetivo de la definición o, dicho de otro modo, hay una contradicción entre el ámbito teórico político o el plano en el que se pretende definir la democracia, es decir, el de la forma de gobierno y el nivel en que se hace la definición, que es un momento pre-gubernativo. En este sentido, creo que para pensar y practicar de manera más sustancial la democracia o tratar de producir igualdad hay que meterse en el corazón del proceso de gobierno. Es en este sentido que sugiero desplazarse de una definición pre-gubernativa de la democracia planteada como método electoral, a una definición de la democracia como cogobierno en condiciones de igualdad y también libertad.
En particular, quiero plantear la cuestión de la democracia en situaciones coloniales y multiculturales. Ocurre que en éstas que no sólo hay personas y colectividades que se consideran como parte de la sociedad y país, pero sin participar de las áreas de igualdad, que es lo que ocurría en Grecia de un modo, y ocurre también, con diferentes márgenes, en las primeras formas de los estados modernos y sus sucesivas fases de democratización o ampliación de ciudadanía, sino que también existe, además, de esta distinción, el hecho colonial. La conquista produce otra distinción entre miembros de culturas y pueblos que son otra sociedad, que son consideradas parcialmente como parte del orden colonial y, por tanto, sin derechos políticos. Esto es, no sólo hay la desigualdad social producto de la diferenciación interna, en la apropiación, distribución y de usufructo de la riqueza social, sino que también existe la diferencia producto de la dominación colonial, en la que otros pueblos y sociedades no son reconocidos en condición de
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igualdad. La colonización implica la instauración de la desigualdad entre sociedades que se sobreponen en ese hecho colonial.
Los procesos de modernización, primero de independencia política, luego las sucesivas reformas y democratizaciones en los estados latinoamericanos, han seguido la pauta de una ampliación de los márgenes de integración de miembros de las culturas dominadas en el seno de las instituciones políticas de la clase dominante, otorgándoles derechos políticos, primero sólo como súbditos luego como ciudadanos en condiciones de sufragio universal, sobre todo de la década del cuarenta en adelante en los estados de América Latina y en Bolivia desde 1952.
La democracia en países multiculturales como Bolivia tiene que enfrentar la siguiente complejidad: por un lado, está el sistema de instituciones organizado según una de las alternativas liberales, que combina presidencialismo con la mitad de diputados o legisladores elegidos en circunscripción uninominal y otra mitad con carácter proporcional, es decir, una vida política organizada en torno a principios liberales, cuyo principio organizador, en principio, sería el de la representación; por otro lado, hay un conjunto de espacios y tiempos políticos organizados a partir de otras matrices culturales que han persistido a través de varios siglos de colonización. Las culturas subalternas han mantenido sus estructuras de autoridad tradicional, es decir, sus formas de autogobierno, de producción y de reproducción del orden social de manera paralela al poder impuesto desde la colonia y luego por el estado subsecuente. Existen en Bolivia una serie de espacios y momentos en los que grandes poblaciones tienen una vida política diferente a la diseñada en las instituciones del estado nacional y es en estos espacios de carácter comunitario en los que se configuran y despliegan las lealtades primordiales, y en los que se practica, de manera más extensiva, el principio de la igualdad.
En estas condiciones la democratización no puede pasar simplemente por el desarrollo de las instituciones liberales y el hecho de incorporar cada vez más a miembros de las culturas históricamente dominadas en procesos electorales, a través del sistema de partidos, cosa que se ha hecho ya desde antes 1952, en ciclos de
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ascenso y caída. De hecho, desde fines de la década del setenta el clivaje cultural ha sido introducido en el sistema de partidos a través de la incorporación en el parlamento de los partidos kataristas. Pensar que la democracia sólo ocurre en el parlamento y en las elecciones nacionales y municipales, organizadas según las reglas políticas y las instituciones de la cultura dominante, implica tener una concepción reducida de la democracia y sobre todo una concepción monocultural de la democracia en un territorio que es multicultural. Esto implica que la participación de miembros de las otras culturas tiende a no darse en condiciones de igualdad sino más bien de desigualdad. Hoy se gobierna según las instituciones de la cultura dominante, aunque cada vez más participen algunos individuos y representantes de las culturas dominadas.
En el seno de las culturas subordinadas o subalternas, en tanto son culturas agrarias, tiende a predominar un principio de organización comunitario en la vida política y, en consecuencia, a que no opere en lo interno el principio de la representación, a no ser, cosa que es importante, en la relación entre hombres y mujeres, en la que todavía el hombre sigue representando a la mujer, en tanto representante de la familia. Al nivel macro de organización política de las culturas aymara y quechua, por un lado, y también en el seno de los pueblos de las tierras bajas, practican un tipo de representación cuando se trata de la articulación de los varios territorios y de los varios núcleos de comunidades en la elección e institución de las autoridades por tiempos específicos, lo cual implica, por lo general, la rotación.
La rotación es un principio importante en el cumplimiento de cargos en el seno de cada comunidad. Se va de los cargos más simples a los de mayor responsabilidad, como condición o requisito. La rotación es un principio que también se utiliza para la organización de la autoridad en las estructuras macro de articulación regional de las comunidades. Lo que planteo es que en la relación entre pueblo y miembros de diferentes pueblos y culturas en el seno del estado, supuestamente nacional, no hay condiciones o relaciones de igualdad, en tanto la vida nacional o común se organiza exclusivamente según los principios organizadores de la cultura
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dominante, además, con un diseño institucional que no es el más adecuado al país, entre las alternativas liberales existentes.
En este sentido, cabe plantearse el problema de la igualdad a dos niveles: por un lado, la igualdad entre individuos, en el seno de cada una de las culturas existentes y, por otro lado, el problema de la igualdad entre culturas. Empiezo por este segundo nivel. Considero que avanzar en la igualdad, por lo tanto en la democratización, en las relaciones entre culturas e individuos socializados o pertenecientes a diferentes pueblos y matrices culturales, debe pasar o tiene que pasar por formas de cogobierno. Esto no significa que se amplíe la participación de miembros de las culturas subalternas en los espacios de gobierno a través de las instituciones de la cultura dominante, ya sea a través cuotas o porcentajes proporcionales de raíz electoral. Considero que pasa por un proceso de reforma y reconstitución de la forma de gobierno y del estado de tal modo que la igualdad implique el hecho de que las formas de autogobierno de cada uno de los pueblos incluidos en las nuevas formas de unidad política, producida históricamente en tiempos coloniales y post coloniales, participen en el diseño de instituciones comunes, para que la forma de gobierno común –para todos– no sea ya la de la cultura dominante o una de las versiones generada en el seno de la cultura dominante.
Esto implica un nuevo conjunto de instituciones compuestas multiculturalmente y que ese proceso de composición de instituciones de gobierno multicultural puede implicar la posibilidad de la crítica de los rasgos autoritarios y excluyentes o que producen desigualdad en el seno de cada una de esa matrices culturales. Por lo general, en el seno de las culturas subalternas la desigualdad más extendida en la vida cotidiana, es aquella que se relaciona a la diferenciación establecida entre hombres y mujeres; en cambio, en el seno de la dimensión moderna de la vida social las desigualdades se articulan en torno al régimen de propiedad.
En tanto la forma de gobierno siga siendo definida de manera exclusiva a partir del sistema de instituciones de la cultura dominante y, por lo tanto, de modo monocultural, ésta o las clases dominantes en este tipo de sociedad van a tender a seguir controlando
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la propiedad de los territorios históricamente controlados por las culturas subalternas. En este sentido, persistirían las condiciones político-institucionales para la reproducción de la desigualdad, como se da hasta hoy.
Considero que el objetivo de la igualdad social, que es un ideal socialista, en las condiciones multiculturales y semicoloniales todavía, de países como Bolivia, implica que la democratización necesita pasar por un rediseño o refundación multicultural de las formas de gobierno común. En tanto se trata de matrices culturales heterogéneas que responden a tiempos históricos bastante diferenciados, es evidente que el conjunto de instituciones de la cultura dominante no corresponde y ha sido inadecuado para gobernar a las colectividades que forman parte de las culturas dominadas; de hecho, no sirven como principio de organización de la vida política interna y aparecen como una política que viene de fuera, en ese sentido, todavía colonial. Viceversa, también, se puede ver que las instituciones de gobierno político o el modo de organizar la vida política en el seno de las culturas agrarias, tal cual no serían suficientes y adecuadas para gobernar el tipo de diferenciación social producida en territorios sociales que han pasado ya por procesos de modernización y de producción de la condición moderna, que siguiendo la pauta de Marx, implica la separación de lo económico y lo político, y la producción de un régimen de propiedad privada y de producción capitalista.
En este sentido, se necesita un nuevo conjunto de instituciones para democratizar la convivencia entre miembros que provienen de diferentes culturas. Mientras el estado y la forma de gobierno sean monoculturales, el grado de democratización va a ser menor o inexistente y la desigualdad política y social persistente. Si se piensa que esa reforma estaría dirigida a la democratización, también cabe pensar que la modalidad de lograrla no puede estar preestablecida por un tipo de racionalidad que desde fuera del proceso político de deliberación, pueda ofertar y, aún menos, imponer la pauta de la reconstitución. La forma de esa composición debe surgir del proceso de deliberación, de construcción política en el que puedan entrar las diferentes culturas. Aquí básicamente me
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limito a argumentar la necesidad de pensar que la democratización, en condiciones multiculturales, implica pensar con más fuerza la incorporación del principio del cogobierno. Ser igual políticamente implica gobernar y este es un rasgo que está apareciendo, con fuerza, en el ciclo de movilizaciones contemporáneas que se están dando en América Latina, y, en particular, en Bolivia. Y de esto quiero rescatar algunos aspectos para sustentar el argumento. Uno de los resultados del proceso de transición a las democracias liberales en América Latina ha sido el proceso de creciente privatización de la riqueza social, el desmontaje del carácter nacional a través de los procesos de desestatalización, en torno al acceso a los recursos naturales y a las instituciones de servicios colectivos como la salud, la educación, la vivienda. En breve, el tipo de régimen político llevó a la creciente privatización y, por lo tanto, exclusión y organización de estructuras de mayor desigualdad. Este tipo de reformas que se implementaron durante la década de los ochenta y noventa, que fueron resistidas, pero vencidas por la fuerza militar, policial, pero también por la fuerza de las crisis del tipo de articulación o forma primordial preexistentes, están siendo nuevamente resistidas, combatidas en el inicio de este nuevo siglo, habiéndose conquistado algunas reversiones como la privatización en los servicios del agua y también de los recursos naturales como los hidrocarburos.
Un rasgo fuerte en el seno de los movimientos que se han articulado para llevar adelante esta crítica y resistencia, es el hecho de que se articulan en torno a espacios públicos de deliberación, o dicho de manera más o menos clásica, de democracia directa. En el núcleo de la movilización contra la privatización de los recursos naturales y de los servicios públicos también, está algún espacio asambleístico de deliberación. Se han articulado formas de deliberación y vida política que están actuando contra las políticas de privatización monopólica. Las organizaciones sociales han comenzado disputando aspectos sectoriales y regionales, por ejemplo, recuperar el carácter público del agua en la región de Cochabamba, cosa que cuatro años después se plantea en la región del altiplano en la ciudad de El Alto. Desde 2003, con
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más fuerza, la recuperación del gas, es decir, ya algo con carácter nacional. La perspectiva que se vislumbra a partir de la dinámica de estas movilizaciones, es trasladar este tipo de vida política de lo local, regional y sectorial a lo nacional. El modo que ha adquirido la proyección de estos procesos es la demanda de una asamblea constituyente.
La asamblea constituyente es una oportunidad de diseñar una forma de cogobierno multicultural, que para ser democrático no basta que sea cogobierno entre representantes de diferentes culturas sino cogobierno en y desde el seno de cada una de ellas.